El Tribunal Superior de Justicia de Balears, en la tramitación de una demanda administrativa, ha aceptado las pruebas que ha solicitado la asociación Liberum, que representa a 549 ciudadanos de las islas que están en contra de todas las medidas sanitarias que se han aplicado para combatir la pandemia sanitaria. Entre las pruebas que se han aceptado, y por tanto se deben tramitar, está que el TSJB solicita al Gobierno, a través del Ministerio de Sanidad, que entregue una copia de los contratos suscritos con las farmacéuticas Pfizer, Astra Zeneca, Moderna y Janssen, que desarrollaron las vacunas para combatir los efectos de la covid.
Los acuerdos con estas farmacéuticas fueron suscritos por la Unión Europea, que después facilitó las vacunas a los respectivos países miembros. Es decir, la compra de las vacunas se realizó directamente desde Bruselas, que se encargó de distribuirla entre los países aliados. Hasta la fecha Sanidad no ha facilitado ninguna copia del documento que se firmó con las farmacéuticas, alegando que fue una negociación dirigida desde Europa. Es la primera vez, por tanto, que un tribunal, en este caso el de Balears, reclame una copia oficial de estos contratos. Los magistrados establecen un periodo de diez días para que el Ministerio de Sanidad presente estos documentos que se reclaman.
Esta asociación Liberum viene representando a los ciudadanos de Balears que se han mostrado en contra de todas las decisiones que se han adoptado para combatir la pandemia. Se confiesan claramente como antivacunas y en Balears la asociación ha logrado representar a 549 ciudadanos, que han decidido recurrir a los tribunales al sostener que las decisiones acordadas por el Govern iban en contra de los derechos fundamentales.
Esta petición del TSJB no representa que los jueces se posicionen a favor de la tesis que defiende esta asociación. Solo consideran que las pruebas que reclama Liberum son lógicas y por ello se aceptan para que se aporten a la tramitación que se desarrolla en esta demanda judicial. Después el tribunal realizará la interpretación que considere sobre estos documentos oficiales.
Los contratos con las farmacéuticas no son los únicos documentos que ha solicitado, y que se han aceptado, la asociación que representa a los antivacunas. También se reclama que se aporten los estudios que se han hecho sobre la efectividad de las vacunas. Los demandantes sostienen que estos estudios demuestran que se han producido más contagios entre vacunados, que entre no vacunados, porque los primeros han relajado las medidas de prevención.
También ha logrado esta asociación que, en este caso el Govern balear, tenga que aportar un informe oficial del número total de personas vacunadas que han sufrido efectos adversos tras someterse a la inoculación. Al mismo tiempo, también se debe informar al tribunal si alguno de los pacientes vacunados ha muerto como consecuencia de los efectos adversos de este fármaco. En Balears no consta que alguna haya muerto como consecuencia de la vacuna.
El equipo jurídico de la asociación Liberum lo dirige el abogado Luis María Pardo, que viene encabezando la estrategia judicial para lograr demostrar que las medidas contra la pandemia vulneraron algunos derechos fundamentales de los ciudadanos. El equipo jurídico ha mostrado su satisfacción por el avance que está consiguiendo la demanda, ya que el tribunal tiene la potestad de rechazar todas las pruebas que se soliciten, si considera que no son necesarias. Sin embargo, en este caso estas pruebas sí han sido aceptadas, para que el tribunal tenga la posibilidad de valorar los documentos antes de adoptar una decisión sobre la reclamación que presentan estos 549 ciudadanos de las islas.
La asociación viene defendiendo desde hace tiempo que los contratos que se suscribieron con las cuatro farmacéuticas deben ser públicos, objetivo que hasta ahora no se había conseguido.
Estos ciudadanos que se han mostrado en contra de las vacunas y de todas las prohibiciones que se han impuesto durante la pandemia, consideran que los contratos con las farmacéuticas deben someterse al control judicial. Han denunciado el secretismo que ha venido manteniendo la autoridad sanitaria y que ha supuesto una vulneración de los derechos de los ciudadanos, así como un quebrantamiento del principio de legalidad.
Pasaporte covid
Otro de los temas que ha venido denunciando esta asociación es el llamado pasaporte covid. Estos ciudadanos consideraban que la imposición de este documento sanitario obligatorio, que era necesario para entrar en determinados locales de ocio, no solo no era necesario, sino que también era ilegal. Liberum quiere demostrar en esta demanda presentada en Balears que este documento obligatorio se convirtió en un sistema para fomentar la vacunación de la población a partir de los doce años.
La abogacía del Govern se opuso a que se aceptaran estas pruebas, mientras que la fiscalía de Balears no formuló alegaciones ante esta petición.
