Balears ha entrado en una crisis sin haber salido de otra. Govern y sindicatos se han visto obligados a tratar de canalizar el descontento originado por la escalada de precios de la luz y los combustibles a causa de la invasión de Rusia a Ucrania a raíz de las movilizaciones que se están sucediendo estos días y que seguirán activas en las próximas semanas. Los sectores vulnerables como el del transporte o el primario están llegando al límite.
El punto de inflexión para conocer la potencia de la indignación será la manifestación convocada por el sindicato Solidaridad, vinculado a Vox, que se celebra hoy en Palma, porque permitirá dar cuenta de cuál es su músculo político y, sobre todo, su capacidad de movilización. El pacto con el PP en Castilla y León preocupa a la izquierda y sienta el precedente para comunidades como Balears. Su discurso de estos días es que «el Gobierno está contra las cuerdas. Hay que echarlos. #QuePaguenEllos».
El partido lleva tiempo tratando de capitalizar el hastío social contra las políticas de los ejecutivos autonómico y estatal, aunque hasta el momento no ha habido ninguna demostración de fuerza especialmente relevante. Si esta prueba de fuego se supera con creces y el verano no supone una reactivación económica transversal, se avecina un otoño político candente y pueden caer algo más que hojas.
Movimientos sísmicos que hacen temblar las expectativas del Govern. Con la pandemia en una situación de cierta estabilidad, el Ejecutivo liderado por Francina Armengol confiaba en que estos dos años de dificultades y cansancio estaban llegando a su fin, y que la temporada turística unida a los proyectos en marcha podían servir para recuperar al votante perdido aprovechando la recuperación económica.
En el seno del Govern existe preocupación por las repercusiones de todo lo que está sucediendo, e incluso se comentan la «omnipresencia» y la «alta implicación» de la presidenta en los últimos días al acudir a casi todos los actos de calado, desde la visita a los refugiados ucranianos hasta la recepción de todos los sectores afectados en el Consolat.
Pero el Govern tiene un problema: está atado porque la grandes decisiones debe tomarlas el Gobierno central, que maneja otros tiempos y no dará una respuesta concreta hasta el día 29. Diez días de travesía por un mar en cólera que no muestra compasión por los marineros. Unos marineros que ven truncadas sus expectativas de futuro y que repiten una frase clave estos días: «Estamos trabajando para perder dinero».
Vista la fragilidad de la situación actual, los sindicatos UGT y CCOO ya han anunciado protestas contra la subida de los precios en un intento de canalizar el descontento social, sabedores de que este puede caer en la extrema derecha si no empiezan a desvincularse del poder establecido y consiguen victorias políticas para los trabajadores y trabajadoras.
Los socios del Govern también mueven ficha para no quedarse atrás. En el caso de Mallorca, la concentración de UGT y CCOO será el próximo miércoles y Podemos ya ha confirmado su asistencia. Los sindicatos siguen marcando el camino. Hay que tener en cuenta que ambas agrupaciones han estado recibiendo críticas duras y directas por parte de Vox, que les tacha de «chiringuitos subvencionados». Hasta ahora se mostraban reacios a protestar contra el Gobierno al menos en la calle, pero la etapa actual es tan compleja que se han visto obligados a salir bajo una consigna: «Salimos a la calle para exigir a la Unión Europea que permita a los estados limitar los precios de la energía, el combustible y la alimentación, y los beneficios indecentes de las empresas».
Esto ha dejado a Més y Podemos en un limbo. Hacer oposición desde el Govern es una tarea harto complicada porque supone renuncias, silencios y concesiones. Además, en ningún momento se ha puesto a la coalición en una situación de ruptura inminente, pese a que algunos movimientos dentro de la entente podrían catalogarse de fontanería política.
El PSIB siempre ha sido un partido de poder, pero sus socios han conocido el amargo sabor del gobierno cuando vienes del activismo y la denuncia: el poder implica afrontar contradicciones constantes y, como apuntó el vicepresidente Juan Pedro Yllanes en un ejercicio de síntesis política, «ejecutar políticas públicas desgasta».
La encrucijada no tiene una solución simple y, por tanto, todos los actores políticos se ven obligados a marcar posición, estén o no dentro del Govern. La realidad es a veces tozuda y el espejo no siempre devuelve la imagen esperada. Los partidos ya miran hacia 2023.
Asimismo, las presiones son constantes desde la oposición, que lleva semanas exigiendo bajas drásticas de impuestos y centrando el debate en que el Govern ha dejado «desamparados» a los ciudadanos de Balears. Pese a que la llegada de Alberto Núñez Feijóo a la dirección del PP no ha traído la moderación esperada, Marga Prohens aprovecha la situación para posicionarse: «¿A qué están esperando? ¿Al 29 de marzo para seguir recaudando más? Armengol debe actuar ya, no como con la pandemia». Vientos fríos llegan desde Ucrania.
