El retraso en el cumplimiento de los pagos puede estar justificado en determinadas circunstancias pero, cuando va acompañado del silencio o la evasiva es muy probable que se convierta en la evidencia del mal gestor, con los perjuicios, propios y ajenos, que ello conlleva. Estas cosas también suelen ocurrir cuando uno pierde o ignora la perspectiva de la realidad que le asiste.
El ayuntamiento de Binissalem no se ha molestado en sacar cabeza del caos para acabar con buen nombre la etapa de gobierno que colea. Todo permanece a la intemperie de la ineficacia. La oposición no ha podido o no ha querido formar alternativa y el alcalde Martí, sin reparar en la capacidad negociadora que debería amparar su minoría, ni hace, ni habla, ni se explica.
Así las cosas, UGT lo lleva a Inspección de Trabajo por impago de horas extras, dietas y kilometraje, al personal. Es más de lo mismo en un ayuntamiento en el que ya existía un amplio catálogo de desavenencias laborales, que en el caso de la Policía Local han desembocado en estampida, aparte de investigaciones y denuncias por presunta mala práctica contable. Triste balance.
No es un conflicto empresarial. Estamos ante una mala praxis en la gestión pública que se vuelve irreverente con los derechos laborales de los trabajadores y los convenios heredados. Eso, aparte del desfase en cuestiones meramente organizativas.
Sin restar ninguna importancia a todo lo dicho hasta ahora, conviene no olvidar que este malestar ya rutinario en todos los estamentos de la casa consistorial de Binissalem está y ha estado en posición ideal para desembocar en un servicio deficitario y desganado al ciudadano. Es la principal consecuencia de repercusión colectiva.
