Las discrepancias por los límites de los terrenos no son algo exclusivo de los ciudadanos particulares. Entre ayuntamientos vecinos también se pueden producir esas diferencias. Y, en Mallorca, hay un caso paradigmático, que se arrastra desde hace unos años: el cambio de lindes acordado por el consistorio de Calvià respecto al término municipal de Puigpunyent. Ambos municipios están gobernados actualmente por alcaldes socialistas: Alfonso Rodríguez Badal y Toni Marí, respectivamente.
Calvià ha aprobado un expediente municipal que redefine los límites entre ambos municipios y, como consecuencia de este cambio, algunos dueños con sus propiedades en Puigpunyent perderán miles de metros cuadrados, en detrimento de la finca municipal de Galatzó, en es Capdellà, que ampliará sus límites.
Después de que el Consistorio calvianer desestimase el recurso de reposición que interpusieron los dueños, al menos uno de ellos ha manifestado su intención de acudir a la vía de lo contencioso-administrativo, por lo que la cuestión se judicializará. Este propietario asegura que está dispuesto a recurrir ante la última instancia judicial que sea necesaria en defensa de sus intereses.
Pleno de Puigpunyent
Afectados por la modificación de las fronteras entre ambos municipios acudieron al último pleno de Puigpunyent, para exponer su problema y recabar apoyo por parte de la administración municipal. En declaraciones a este diario, el alcalde Marí explicó que, en su momento, ya presentaron alegaciones al plan general de Calvià, pero fueron desestimadas.
«Lo que queremos es que se apliquen los procedimientos adecuados cuando algún municipio quiere mover sus límites»
«Lo que queremos es que se apliquen los procedimientos adecuados cuando algún municipio quiere mover sus límites», subrayó Marí, quien informó de que los servicios jurídicos municipales estudian actualmente de qué forma responder a este cambio de lindes. Una de las posibilidades sobre la mesa es sumarse al contencioso-administrativo que presenten los particulares, pero también cabe la opción de presentarlo por separado. El alcalde de Puigpunyent sostuvo que estas modificaciones territoriales no pueden hacerse de forma «unilateral» y recordó que existe una comisión insular del Consell donde se dirimen estas cuestiones.
En el origen del expediente de Calvià, fechado en 2018, se encuentra una denuncia pública por unos movimientos de piedras y una apertura de accesos en las paredes que limitan con la finca de Galatzó. A raíz de esa denuncia, el Consistorio calvianer determinó que en dos fincas privadas de Galilea había «discrepancias entre la superficie catastral y la registrada en el Registro de la Propiedad». Una «discrepancia» de 41.217 metros cuadrados, según el área de Urbanismo de Calvià.
El ayuntamiento de Calvià sostiene que esto no es un deslinde entre municipios, sino entre las ya mencionadas parcelas privadas y la gran finca municipal de Galatzó. Para ello, señalan estas fuentes, el Consistorio se ha basado en cartografía oficial, documentos privados y en los límites que se establecieron en el año 1954.
División territorial
La clave del problema reside en la interpretación sobre cuál es la división territorial que debe tomarse como base: una que data del siglo diecinueve u otra que hicieron los militares a mediados del siglo veinte. La primera es la que defienden los propietarios afectados por el cambio de lindes y la segunda es la que esgrime básicamente el consistorio de Calvià para justificar esa modificación.
Uno de los propietarios afectados explica que entre la década de los 60 y los 70 del siglo dieciocho se parceló todo Mallorca, es decir, se marcaron las diferentes líneas municipales.
Casi un siglo después, en el año 1954, Madrid envió una brigada militar de topógrafos para que hiciesen el deslinde municipal de toda la isla. Ese equipo técnico en algunos casos no siguió al pie de la letra la línea histórica jurisdiccional anterior. «Fueron por donde orográficamente les era más fácil y trazaron una línea aleatoria», expone la línea argumental de defensa de uno de los dueños que ahora perderá parte de su parcela. Esa divergencia entre ambos trazados explica el embrollo actual, que acabarán dirimiendo los tribunales.
