Una franja costera de 18.000 metros cuadrados conocida como Punta Nadala o Torre Nova, que está situada entre Palmanova y Magaluf y que es una de las pocas ventanas naturales que quedan sin desarrollar en el masificado litoral de esta zona ya es terreno municipal, lo que significa que, en un futuro, podrá ser abierto al público.

Según detallaron ayer fuentes municipales, se ha hecho efectivo el pago de 6,9 millones de euros por la expropiación, lo que representa aproximadamente la mitad de la indemnización total que fijó en su día el Tribunal Superior de Justicia de Balears (TSJB). La otra mitad restante, según el acuerdo alcanzado con la propiedad, se abonará el año que viene.

En el pleno municipal ordinario de ayer, se informó de este convenio con la familia Perelló Garí-Perelló Comas. Estas fuentes municipales agregaron que, en breve, se firmará el acta de ocupación, que es el último documento que queda para formalizar el traspaso definitivo de la propiedad costera.

Torre de defensa

En la parcela, existe una torre de defensa que data del año 1616. A la estructura, se accede por un portal situado en el piso inferior, donde hay una escalera de caracol. La ubicación de la torre es privilegiada, ya que se sitúa a apenas 40 metros del mar. Personas que conocen el lugar señalan que, incluso, hay una piscina natural entre las rocas.

Esta operación por la cual estos terrenos pasan a ser de propiedad municipal tiene su origen en el plan general urbanístico aprobado por el ayuntamiento de Calvià en el año 2000.

En aquel entonces, el plan general urbanístico previó la incorporación de esos terrenos al patrimonio municipal como espacio libre público. En 2007, la propiedad instó al Ayuntamiento a iniciar el correspondiente expediente de expropiación, cifrando el precio de la operación en una cifra astronómica: unos 70 millones de euros. Posteriormente, el Jurado Provincial de Expropiación Forzosa estableció un justiprecio de casi 11 millones, alejados todavía de los 3,8 millones que proponía el ayuntamiento de Calvià.

En esa tesitura, ambas partes presentaron sendos recursos, que después encontrado respuesta en la resolución del TSJB.

Dura sentencia

«Si tenemos en cuenta que la expropiación [procede] del plan general de Calvià de 2000 y, visto el desarrollo fáctico, hace estremecer que las trabas administrativas de todo tipo, un requerimiento detrás de otro a lo largo de los años sin respuesta, le sean favorables a la administración. Eso no es posible ni deseable», concluyó la sentencia.

Una vez formalizada la expropiación, habrá que definir los nuevos usos de este privilegiado espacio costero. En los últimos años, la administración municipal ha explicado que el objetivo pasaría por abrir la torre «al público en general adecentando todo el entorno para que la ciudadanía lo pueda disfrutar».

Esa zona permite, además, un acceso a la costa que estaba actualmente restringido al ser propiedad privada. En la década de los noventa, hubo un proyecto de urbanizar esos terrenos, con 70 viviendas, plan que fue tumbado por el Consistorio y recurrido en sede judicial.