La Conselleria de Agricultura ha autorizado de 2019 a 2022 la instalación en suelo rústico de catorce parques fotovoltaicos que suman una superficie de 205,6 hectáreas, permisos que se han compensado con "agrocompromisos" para impulsar cultivos en 173 hectáreas. Las instalaciones de generación de electricidad con placas fotovoltaicas de más de cuatro hectáreas solo se autorizan sin compensación en los suelos de muy bajo valor agrario, que suponen en torno al 17 % de la superficie de las islas, mientras que en las áreas de valor intermedio, únicamente se da permiso si se compensa con cultivos profesionales con un margen bruto de explotación similar al ocupado por la instalación energética.
El director general de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Fernando Fernández Such, ha explicado este viernes el modelo establecido en Balears, única región donde es preceptivo que el departamento responsable de la política agrícola informe a favor para que se desarrolle un proyecto de planta fotovoltaica con más de 40.000 metros cuadrados.
Seis categorías
A partir de un estudio de la Universidad de las Islas Baleares (UIB), Agricultura ha establecido una clasificación de suelos con seis categorías según la cual los terrenos más fértiles (niveles 1 y 2) no pueden acoger parques de energía solar salvo excepciones muy extraordinarias, los de menor valor (6) son aptos para ese uso, siempre que lo autorice la Comisión Balear de Medio Ambiente, y los de valor agrícola intermedio (3, 4 y 5) requieren necesariamente de un proyecto de compensación o de complementariedad de usos.
La UIB da continuidad al proyecto con la elaboración de una cartografía de suelos que será la herramienta básica para la distinción básica de los proyectos de nuevos parques fotovoltaicos en función de la calificación del terreno, una determinación que solo ha hecho el Consell de Formentera, aunque en marzo de 2021 acabó el plazo para que las instituciones insulares delimitaran cuáles eran los suelos de "alto valor" agrícola.
Fernández Such ha explicado en un encuentro con periodistas que su departamento ha dado prioridad a la búsqueda del equilibrio entre el fomento de las energías renovables y el mantenimiento y mejora de la producción agrícola.
Dos payeses que gestionan cultivos compensatorios financiados por empresas promotoras de parques fotovoltaicos, Toni Seguí y Jaume Pocoví, han explicado sus experiencias, positivas ambas, y han puesto el acento en cómo el uso para producción energética del suelo rústico puede representar un importante complemento de renta a los profesionales del campo.
En el quinquenio 2019-2021, Agricultura tramitó 26 proyectos de parques fotovoltaicos en rústico de los que aprobó 9 sobre un total de 85 hectáreas. De esos, 4 requerían compensaciones que se traducen en 61,4 hectáreas de cultivos.
En 2022, el departamento que dirige Mae de la Concha recibió 23 solicitudes y autorizó 5 proyectos que suman 120 hectáreas, de los que 4 contemplan cultivos compensatorios en 111,5 hectáreas. Aún hay pendientes del año pasado 13 proyectos que ocuparían 117 hectáreas.
Fernández Such ha destacado que la instrucción de 2021 que establece los criterios para los informes agrícolas preceptivos para las instalaciones fotovoltaicas fue renovado este año para introducir mejoras como que los cultivos compensatorios se concierten con agricultores profesionales y que, en lugar de equipar la superficie de compensación por hectáreas, se calcule en función del margen bruto de producción para promover cultivos de más valor.
La continuidad de esos cultivos compensatorios, que el agricultor se compromete a explotar por el mismo tiempo de la concesión del parque fotovoltaico (habitualmente 25 años), la supervisa la Comisión Balear de Medio Ambiente.
La norma contempla también la autorización en los terrenos rústicos de valor intermedio de proyectos de complementariedad, que son aquellos en los que se compatibiliza en la misma superficie el uso agrario con el energético, siempre que el segundo no genere una reducción mayor del 40 % del potencial productivo de la parcela.
Existe una opción para que se autoricen parques fotovoltaicos en suelos de máximo valor agrícola (1 y 2), que es que las instalaciones sean de altísimo nivel innovador, pero los dos proyectos presentados en esa línea hasta ahora fueron desautorizados.
