El ayuntamiento de Calvià ha tramitado este verano 30 expedientes sancionadores gracias a la herramienta que le proporciona el decreto autonómico de lucha contra los excesos. De estos 30, 10 han sido por infracciones muy graves, que se castigan con multas de 60.000 a 600.000 euros, y que han llevado aparejadas en algunos casos el cierre de la actividad. También ha habido sanciones por vender alcohol fuera del horario permitido, por prácticas que “cosifican a la mujer” y por organizar 'party boats', entre otras infracciones.

Así lo expuso este miércoles el alcalde Alfonso Rodríguez Badal (PSOE), tras una reunión para hacer balance de la temporada en la que participaron la presidenta del Consell, Catalina Cladera, la delegada del Gobierno en Balears, Aina Calvo, la directora general de Turismo del Govern, Ana Morillo y representantes de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.

Rodríguez Badal destacó que estos expedientes evidencian la “reacción de la administración” a la hora de enfrentarse al turismo de borrachera, al tiempo que recordó que, después de la pandemia, éste ha sido el primer año de aplicación efectiva del decreto antiexcesos, cuya capacidad sancionadora se transfirió al Ayuntamiento, con fecha uno de julio.

“Son muy buenos datos”, dijo Cladera, quien enfatizó que “no es sólo es la multa, sino el efecto disuasorio y el mensaje que se lanza al mercado emisor y a los turoperadores”, un mensaje que incide en el cambio de modelo emprendido en la zona.

Cladera manifestó que, en paralelo, desde el departamento de inspección del Govern, han seguido trabajando a nivel insular. Informó de que, en Mallorca, se han hecho 1.900 inspecciones, de las cuales 196 han sido en Calvià. En este municipio, esas inspecciones han acabado con la detección de 59 infracciones, de las cuales un 10% afectan a la oferta de restauración y entretenimiento.