Algunos municipios de la isla como Manacor o Felanitx están estudiando la posibilidad de imponer sanciones a las empresas adjudicatarias de la recogida de residuos por no cumplir los servicios mínimos estipulados. En el caso de Manacor, el regidor Sebastià Llodrà explica que el contrato «marca que si se produce un incumplimiento sobre los servicios mínimos debe haber una sanción que oscila entre los 12.000 y los 24.000 euros». Los técnicos están estudiando la situación. «Garantizamos el derecho de huelga pero nuestro trabajo también es el de velar para que el dinero público sea para pagar trabajos realizados», añade el regidor.
Felanitx es otro de los municipios que está estudiando posibles sanciones por el incumplimiento de los servicios mínimos pero también por un tema de salubridad ya que el lunes el municipio amaneció lleno de basuras porque el domingo no se respetaron los servicios mínimos. El lunes nunca hay recogida. Por ello, el municipio presentaba este martes un panorama similar con contenedores llenos de bolsas de basuras que invadían la calle.
En Son Servera, los servicios mínimos se han cumplido mientras que en Capdepera la incidencia es mínima. En Sant Llorenç se han respetado los servicios mínimos en la recogida de basuras, mientras que la limpieza viaria sí se ha visto un poco afectada, pero «lo mínimo». El alcalde Mateu Puigròs asegura que actuarán en función de las directrices de la Felib, que mantiene que los servicios no prestados no se pueden abonar.
El regidor de Llucmajor Bernadí Vives deja claro que los operarios tienen todo el derecho del mundo a hacer huelga pero la realidad es que no se han respetado los servicios mínimos. La misma postura mantienen desde el ayuntamiento de Santanyí.
En Inca, la regidora María del Carmen Oses calcula un plazo de unas 72 horas para que la normalidad vuelva al municipio, ya que este martes muchas calles estaban llenas de basuras. En Alaró, el alcalde Llorenç Perelló lamenta que la mitad del pueblo haya amanecido hoy con la basura sin recoger. En ambos casos, los ayuntamientos tienen claro que no pagarán a las empresas por los servicios no prestados, una opinión compartida por los presidentes de las mancomunidades del Raiguer y el Pla, Andreu Isern y Joana Maria Pascual, respectivamente.
La Felib ha recordado este martes que los ayuntamientos, tal y como marca la normativa y los contratos vigentes, «no pueden pagar a las empresas adjudicatarias los servicios que no se han prestado dentro de sus obligaciones y que, en ningún caso, deciden si este coste se imputa a los trabajadores».
