Los sucesos de Sóller del pasado jueves, con un monumental atasco en el municipio de seis kilómetros y el túnel colapsado de vehículos, vienen a corroborar una vez más que la saturación turística ha dejado de ser estacional y que ya escapa a cualquier control que las autoridades quieran imponer, al menos durante ocho meses al año. Porque ese colapso también se hubiera podido convertir en un problema de seguridad en caso de accidente de circulación, al impedir el paso de los vehículos de emergencia durante el tiempo en que el túnel estuvo cerrado al tráfico.
Pero si en mayo ya no es necesario ningún incidente para que se produzca un atasco de consideración en las carreteras de Mallorca, podemos prepararnos para el malestar que nos espera este verano. En un año en el que el aeropuerto de Palma, pese a encontrarse en obras, prevé un aumento del tráfico aéreo del 11% después de los 32 millones de pasajeros del año 2023. A lo que hay que añadir que el problema de la falta de taxis no está solucionado; el decreto del turismo de excesos acaba de ser retirado por la falta de consenso con los empresarios; y la falta de agua augura una temporada con más restricciones tras un año en que Mallorca no ha logrado salir de la situación de prealerta por sequía.
Y a la constatación de que la saturación turística ya no es estacional, hay que añadir también que ha dejado de ser rentable para el ciudadano, que la industria que la genera ya no contribuye como antes a la prosperidad general, como se comprueba en el estancamiento de las rentas medias de las islas en los últimos diez años, rentas que crecen a un ritmo muy inferior al encarecimiento de los precios, a los de vivienda y a los de los productos básicos de consumo, sobre todo desde el final de la pandemia. Pero eso no parece importar demasiado a las autoridades, ensimismadas en un egocentrismo que cada vez las aleja más del interés general.
