Manuel Penalva, Miguel Ángel Subirán y los cuatro antiguos agentes del grupo de Blanqueo de la Policía reclamaron hoy, en la primera sesión del juicio contra ellos por su actuación en el caso Cursach, la nulidad de toda la investigación contra ellos. El exjuez, el exfiscal y los policías se apoyan en el espionaje ilegal a varios periodistas, germen de las pesquisas que desembocaron en el hallazgo de un grupo de Whatsapp donde los ahora acusados comentaban sus gestiones. Estos mensajes, piedra angular de las imputaciones, y el resto de evidencias deben ser aniquilados del proceso con la absolución sin juicio como única alternativa, sostuvieron sus abogados. «Hay una contaminación completa de toda la instrucción», resumió Javier Barinaga, letrado de Penalva y Subirán, secundado por el resto de abogados, entre ellos el exfiscal Anticorrupción Pedro Horrach. Todos denunciaron en sus alegatos iniciales otras irregularidades y maniobras oscuras durante las pesquisas que pusieron patas arriba la investigación del caso Cursach.
Barinaga abrió el turno de intervenciones con once cuestiones previas para denunciar vulneraciones de derechos fundamentales en esta causa. Las pesquisas que han acabado con Penalva, Subirán y los policías nacieron como una investigación por «filtraciones» a la prensa por la que se recabaron listados de llamadas de varios periodistas, entre ellos José Francisco Mestre, de Diario de Mallorca, y Blanca Pou, de Europa Press. «Toda la investigación policial está orientada a la obtención de las fuentes de los periodistas», señaló el abogado. Consideró que existe una «conexión absoluta» entre ese espionaje a los informadores, posteriormente invalidado por el Tribunal Constitucional y el propio Tribunal Superior de Justicia de Balears (TSJB), y las actuaciones posteriores contra Penalva y Subirán que, por tanto, deben ser también invalidadas. Incluso señaló que las supuestas filtraciones no eran delictivas: «Se abrió una investigación por revelación de secretos por dos noticias publicadas cuando, según dicen, la causa estaba secreta. Pero es mentira, y lo saben», abundó.
En este sentido, Pedro Horrach estrechó el vínculo entre ambas causas. Según dijo, los investigadores de la Policía Nacional Juan Márquez y Juan Palomo estaban «perdidos» sobre el origen de las informaciones periodísticas y fue gracias a esas pesquisas ilegales cuando acabaron centrándose en los agentes ahora acusados. «No había fuentes de prueba independientes», sentenció.
Tanto Barinaga como Horrach y el resto de defensas argumentaron que la entrega posterior de su móvil por parte del policía Iván Bandera cuando fue detenido por esas filtraciones, que permitieron encontrar los mensajes de WhatsApp, no sirve para validar estas pesquisas. Por un lado, argumentaron que no se trató de una entrega «voluntaria» sino «viciada», sin orden judicial, sin asesoramiento legal y en mitad de un clima de «intimidación ambiental». «Hubo 21 minutos de oscuridad. Le dijeron: ‘Tú sabrás lo que haces. O nos das el móvil o bajas a los calabozos», señalaron sobre su arresto y la incautación del teléfono. Alegaron que incluso dando por bueno el consentimiento, se trataba de conversaciones en los que participaban otras personas -Penalva y Subirán y otros policías- que no estaban imputadas en ese momento. Además, Horrach apuntó que en ningún caso se autorizó «el volcado ni el análisis forense que luego llevó a cabo la Policía Nacional sin autorización judicial» para recuperar mensajes que habían sido borrados y que el único auto al respecto solo hace referencia a los dispositivos intervenidos al inspector José Luis García, no a los de Iván Bandera.
Respecto a la intervención del teléfono de la agente Blanca Ruiz, su abogado denunció que fue incautado por la Policía en Madrid pero no fue precintado hasta «ocho horas y quince minutos» después en la Jefatura Superior de Palma. En ese tiempo, «pudieron hacer con él lo que quisieron», dijo el letrado, que apuntó a «eventuales manipulaciones».
Con estos argumentos, los abogados defensores sostuvieron que se han vulnerado derechos fundamentales, como el de la presunción de inocencia, la tutela judicial efectiva, el secreto comunicaciones, la intimidad y a un proceso con todas las garantías. De este modo, reclamaron la nulidad de la causa y la absolución de todos ellos, frente a las peticiones de hasta 122 años de prisión que reclama la Fiscalía para ellos por un rosario de delitos.
