Las defensas del juez Manuel Penalva y el fiscal Miguel Ángel Subirán, así como de otros cuatro funcionarios de la Policía Nacional acusados de cometer irregularidades durante la investigación de una supuesta trama corrupta en torno al empresario Bartolomé Cursach, han pedido este lunes en el juicio la nulidad de base de las pruebas.
Los seis acusados se enfrentan a penas que suman 576 años de cárcel por detención ilegal, revelación de secretos, prevaricación y obstrucción a la justicia.
En la primera sesión del juicio, el abogado de Penalva y Subirán, Javier Barinaga, ha solicitado la expulsión del procedimiento de los mensajes del grupo de WhatsApp en el que los acusados comentaban las investigaciones al empresario mallorquín, absuelto junto a una quincena de procesados en un juicio celebrado el pasado año en la Audiencia de Palma.
Durante su intervención en el trámite de cuestiones previas, Barinaga, en línea con el resto de las defensas, ha pedido la absolución de sus clientes al considerar que durante la instrucción de esta causa se vulneraron "gravemente" varios derechos fundamentales.
Además del exjuez del juzgado de instrucción 12 de Palma, Manuel Penalva, y el fiscal Miguel Ángel Subirán, se sientan en el banquillo de los acusados el inspector jefe José Luis García, el subinspector Miquel Ángel Blanco, la subinspectora Blanca Ruiz y el policía Iván Bandera.
Barinaga ha denunciado la contaminación "completa" de toda la instrucción del caso Cursach y, entre otros puntos, se ha referido a que Bandera entregó su teléfono móvil sin antes ser asistido por su abogado. En este grupo de WhatsApp en el que participaban los acusados, se hallaron mensajes incriminatorios de la investigación, que se encontraba bajo secreto sumarial, y que presuntamente demostraría las filtraciones a periodistas.
La defensa, además, ha acusado al fiscal Anticorrupción, Juan Carrau, de dirigir la investigación contra los instructores del caso Cursach "por atrás". "Juega un papel muy importante en esta causa. Intervino en las instrucciones que ahora se nos atribuyen como deficitarias y luego intervino por detrás", ha apuntado el letrado.
Barinaga ha cuestionado la investigación iniciada por el juez Miguel Florit y con Carrau como fiscal, cuando ya se había admitido a trámite una querella contra él por el espionaje ilegal a periodistas que cubrían la investigación a Cursach, y ha defendido la inhabilidad del fiscal Tomás Herranz, que ejerce de acusación en este proceso.
Por su parte, el abogado Álvaro Martín, defensa del que fue inspector del Grupo de Blanqueo, José Luis García, se ha adherido a las cuestiones previas de Barinaga. "Si declaramos nula la intervención contra los periodistas, se debe anular esta investigación y dictar una sentencia absolutoria", ha aseverado.
En la misma línea, el abogado Pedro Horrach, ex fiscal Anticorrupción, en defensa de otro de los policías acusados, ha exigido la nulidad todo el procedimiento por vulneración derechos fundamentales y "el uso de medios de prueba nulos para acceder a nuevas fuentes de prueba".
El abogado de la inspectora Blanca Ruiz Alfaro, que también ha reclamado la nulidad de las actuaciones, ha explicado en su turno que el móvil de su representada no fue precintado hasta ocho horas después de que lo entregara, de modo que se vulneró la cadena de custodia.
Por último, el fiscal Herraz ha solicitado la declaración de dos nuevos agentes como testigos y ha aportado un informe pericial sobre las filtraciones que se produjeron a periodistas, después de alegar que no eran cuestiones secretas.
La vista oral por estos hechos ha arrancado este lunes en Palma con el planteamiento de las cuestiones previas durante esta jornada y el 7 de junio. El tribunal retomará este juicio el 22 y 23 de junio con la declaración de los acusados y se prevé que el juicio concluya el próximo septiembre.
El juez y el fiscal, en la actualidad jubilados tras ser apartados del caso Cursach por las denuncias de filtraciones y otras irregularidades, se enfrentan a peticiones de penas de prisión que suman casi 240 años.
El juicio está condicionado por la repercusión que tenga sobre las pruebas recabadas y la anulación de varias actuaciones con las que el magistrado que sucedió a Penalva en la instrucción, Miguel Florit, intentó constatar la filtraciones a medios de comunicación de datos recogidos en la causa cuando aún estaba declarada bajo secreto.
El TSJIB admitió los recursos interpuestos por Europa Press contra las órdenes de registro, requisa de teléfonos móviles y ordenadores y entrega de registros de llamadas ejecutadas por la Policía en las sedes en Palma de la agencia de noticias recurrente, del Diario de Mallorca y de la Agencia EFE, y contra los periodistas Blanca Pou y Kiko Mestre.
El alto tribunal regional aplica así la resolución del Tribunal Constitucional de marzo del año pasado que consideraba que se había vulnerado el derecho de los periodistas al impedirles impugnar las medidas que se aplicaron sobre ellos sin tener la condición de investigados.
La Fiscalía también ve ilegales nueve detenciones de funcionarios del Ayuntamiento de Palma, altos cargos municipales y un empresario a quienes el juez instructor consideró responsables de un supuesta adjudicación irregular del servicio de control de la zona de aparcamiento regulado de la ciudad, una causa que acabó sobreseída.
El juicio por las presuntas irregularidades durante la instrucción del caso Cursach continuará el miércoles, cuando el resto de acusaciones planteen ante el tribunal sus cuestiones previas.
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Y así queda el juicio visto para sentencia.
Muchas gracias por su atención.
Iván Bandera solo da las gracias al tribunal.
Miguel Ángel Blanco utiliza su derecho a la última palabra para agradecer especialmente la labor de su abogado, Pedro Horrach, con quién trabajó en su momento cuando era fiscal de Anticorrupción.
Reitera Blanco que nunca ha cometido ningún delito. "Siempre he respetado la legalidad. Entre otras cosas, porque no podría dormir", dice.
"El concurso de la ORA se amañó", insiste. "Estoy aquí por haber escrito en WhatsApp", dice.
Sobre el papel de Tomás Herranz al final del juicio de Cursach, dice que "los testigos le susurraron a los oídos y le trastornaron".
De Márquez y Palomo afirma que los "supuestos" chats de WhatsApp han sido manipulados. Exhibe un documento para denunciar que se han "cortado y pegado" las conversaciones "deliberadamente".
"Nunca vi una pandilla de trabajadores como estos", dice sobre sus "compañeros de banquillo".
Con una Biblia sobre la mesa, relata un pasaje sobre la muerte y resurrección de Jesucristo.
La policía Blanca Ruiz se limita a reiterar su inocencia y agradecer la labor del tribunal.
Interviene José Luis García Reguera. "En los 34 años que llevo de servicio jamás me han abierto un expediente", explica. "Durante toda la investigación, se nos ha intentado denigrar y menospreciar. Al menos en mi caso, mis superiores lo hubieran tenido muy fácil si dudaban de mi capacidad", argumenta. Enumera todos los mandos que tenía por encima en la Policía Nacional cuando estaba al frente del grupo de Blanqueo, a lo que "siempre" se informaba.
"He sido afiliado del PP", dice sobre la supuesta persecución a ese partido en el caso Cursach.
"Y sin embargo, se mueve", dice como colofón citando a Galileo.
"Tenía razones más que suficientes para no contestar a ese fiscal", explica sobre su negativa a responder en el juicio a Tomás Herranz. "Esto huele muy mal, huele a persecución", concluye Subirán.
"Mentira", repite tres veces Subirán, para negar que él fuera el fiscal adscrito a la causa. Apunta a Juan Carrau, que "como jefe". "Fiscal Anticorrupción en Baleares solo hay uno. Y se llama como se llama", dice.
"Me han jodido, me han destruido", sentencia.
"Ni delitos ni irregularidades", afirma sobre su actuación. Destaca que ningún abogado presentó en su momento denuncias ni quejas por su actuación.
Se pregunta Subirán porque Carrau "miente" y "oculta" que estuvo en varias diligencias del caso ORA.
"A mí el señor Rodríguez y el señor Gijón no me han hecho nada", señala.
Habla el exfiscal Miguel Ángel Subirán. "Quien pide 120 años por las razones que se han expuesto, representanado un interés público, tenía la obligación de escucharnos hoy", dice sobre la ausencia de los fiscales Herranz y Bermejo.
"Lo nuestro sí es creíble. Estamos jubilados y tocados del ala por este padecimiento. Es estrés postraumático crónico agudo e irreversible", señala.
"Por ahí hay dos sicarios a los que tenemos un miedo terrible y absoluto", afirma.
Habla de la primera instructora del caso, Carmen González, y del "clima de tensión" que se vivía.
"¿Cuántas mentiras han pasado por aquí?", se pregunta sobre el juicio. Sostiene que algunos testigos han sido "influenciados".
"Estoy condenado a vivir con miedo. Si algún día aparezco muerto por ahí, que se investigue", asegura Penalva.
"Estoy muy orgulloso, pase lo que pase, de los policías con los que he trabajado. Son grandes profesionales. ¿Quién no comete errores? Quien crea que no los comete es un cretino. Yo no tenía ningún interés en ser un juez estrella", señala.
Habla de la "perversión" del juicio del caso Cursach. Critica que se permitiera a los policías Márquez y Palomo declarar juntos en aquella vista "para que no se equivocaran".
Termina Penalva con una cita de Churchill: "Esto no es el final, ni siquiera el principio del final, pero quizà sea el final del principio.
Sobre sus investigaciones: "Estoy segurísimo de que se podía haber hecho mucho mejor. Y mucho peor. Lo que es absolutamente falso es que haya coaccionado a nadie. Siempre hemos buscado la verdad. No se ha cometido ningún delito, digan lo que digan".
"No es creíble que todo lo que hiciéramos estuviera mal", argumenta. Añade que la Audiencia Provincial confirmó más del 90 por ciento de sus resoluciones. "¿Qué es eso de que hacíamos lo que queríamos?", sentencia.
Niega que su objetivo fuera acabar con la cúpula del PP de Palma. "Soy votante del PP", dice Penalva, para negar una trama política tras sus actuaciones.
"Se nos está culpabilizando de hechos que están acreditados por actuaciones judiciales. Hemos sufrido bastante", incide Penalva.
Denuncia que no se investigó al declaración de un testigo que dijo que Cursach quería "contratar sicarios para acabar con el juez y el fiscal".
Empieza Manuel Penalva, que agradece la "paciencia" del tribunal. "Hace seis años vengo soportando, callado, todo tipo de injurias y calumnias. Una persecución mediática tremenda. Me han llamado corrupto, delincuente, saco de mierda... No es lo que más me duele de esta situación. Ni siquiera los años de cárcel que me están pidiendo. Una de las cosas que más me duele es que haya personas que quiero que puedan pensar que les he fallado", expone el exjuez. "Jamás pensé que me tendría que alegrarme de la muerte de mi padre", añade.
"Se ha querido vender que era una investigación contra toda la Policía Local. No es verdad. En la Policía Local hay grandes profesionales", sostiene. "Esa institución no merece algunos mandos que ha tenido y todavía tiene".
"Lo peor de todo ha sido el hostigamiento a los testigos de la causa. Cuando agredieron a la madame le mandé unos mensajes. Seguramente me equivoqué, porque fallé a las auténticas víctimas que hemos visto sufrir. Por mi torpeza me apartaron del procedimiento y la cosa ha acabado como todos sabemos", señala. Cita a Sbert para señalar que "esta ha sido una causa de perdedores".
Niega haber actuado por animadversión. "No es verdad que el juzgado se convirtiera en una sala medieval de torturas", señala sobre las acusaciones que pesan sobre él. El exjuez apunta a la "compra de testigos" para atribuirles delitos. Sobre los abogados dice que el "trato era exquisito" con ellos.
Arranca el turno de última palabra.
Ripoll rechaza también las indemnizaciones que reclaman el excomisario de la Policía Local Rafael Estarellas y el funcionario Pedro Torres.
"Son cifras al azar, parece una tómbola", afirma.
Concluye el informe de Ripoll.
Aborda la reclamación millonaria de Álvaro Gijón y su familia y señala que las cifras son "arbitrarias".
Sobre los daños atribuidos a las noticias del caso ORA, descarga la responsabilidad en los medios de comunicación.
Respecto a los 1,3 millones que reclama Antoni Roig por daños en su empresa, señala que debería haberse personado la sociedad como persona jurídica para reclamar los posibles perjuicios. "No hay prueba que conecte los daños a la empresa con los daños al señor Roig", argumenta.
Además, sostiene que la empresa no sufrió perjuicios por las acusaciones contra Roig. "Se pudo seguir presentando a todos los concursos. Solo por lo que sale en prensa no se le puede excluir", señala.
Expone Ripoll que no están debidamente justificadas las cantidades que reclaman las acusaciones por los daños morales que alegan.
Sobre la reclamación de 200.000 euros que pide la Fiscalía, sostiene que en su informe no acreditó porqué solicita esa cifra.
Tampoco las cifras planteadas por las acusaciones particulares tienen validez para la Abogacía del Estado.
Presenta ahora sus conclusiones Dolores Ripoll, abogada del Estado que debe responder subsidiariamente de las indemnizaciones que las acusaciones reclaman en caso de condena, que suman más de 5,6 millones de euros.
Sostiene Ripoll que no proceden estas compensaciones económicas por parte del Estado, que no considera justificadas. "La responsabilidad civil no es enriquecerse por el delito, sino reparar", plantea. "No todo delito genera un resarcimiento por daños morales", dice citando una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid. En este caso, "ni existen, si han probado suficientemente" esos daños morales.
