Pedro Sánchez anunció la semana pasada dos grandes iniciativas: la ley de vivienda estatal, que permitirá limitar los precios del alquiler, y la movilización de hasta 50.000 viviendas de la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb) para ponerlas en el mercado como vivienda pública en régimen de alquiler a un precio asequible. Aunque este segundo anuncio, al explicar la letra pequeña, ha quedado en nada para Baleares.
El conocido como ‘banco malo’ tiene en las islas 447 inmuebles pero recibirá solo 120 viviendas. Esto es, menos del uno por ciento de las disponibles en toda España. Además será la Comunidad Autónoma que menos reciba, solo por delante del País Vasco y Navarra. La realidad es que las islas se sitúan en la última posición ya que las dos regiones norteñas tienen una política de vivienda pública mucho más importante y potente que las otras comunidades.
En cuanto a la distribución territorial, 4.950 viviendas están en la Comunidad Valenciana; 3.539 están en Catalunya; 2.288, en Castilla y León; 2.093, en Murcia; 2.040, en Andalucía; 1.534, en Castilla-La Mancha; 1.285 en Galicia, 611 en Cantabria, 580 en Aragón, 455 en Madrid o 388 en La Rioja. Canarias, por ejemplo, tendrá 303 inmuebles.
Según el Ministerio de Asuntos Económicos, se contemplan, a su vez, convenios de cesión temporal de viviendas para uso social, tanto a Administraciones Públicas como a entidades sin ánimo de lucro, prestando especial atención a las zonas en riesgo de despoblación y a los colectivos vulnerables. De las 50.000 viviendas anunciadas por el presidente del Gobierno, 14.000 ya están habitadas.
También se pondrá en marcha un proyecto de cesión de suelo urbanizable para la construcción de unas 15.000 viviendas adicionales destinadas al alquiler asequible, que se desarrollará a través de la colaboración público-privada, aunque de momento se desconoce de qué manera afectará a Baleares.
Asimismo, con las viviendas de la Sareb existe un problema: muchas necesitan ser rehabilitadas porque no están en condiciones óptimas para vivir. La ministra Nadia Calviño explicó ayer que 9.000 están listas para ser puestas en venta de forma directa, mientras que alrededor de 12.000 necesitan una reforma. Esto supone que los gobiernos autonómicos, además de pagar por unos inmuebles que ya eran públicos antes de ser vendidos tras la crisis de 2008, deberán hacer frente a los gastos derivados del acondicionamiento de las viviendas. Un ejemplo claro fueron las 19 viviendas negociadas durante el 2015, que al ser entregadas resulto que estaban en pésimas condiciones.
Desde el Partido Popular de Baleares consideran que Sánchez ha vuelto a buscar un titular «populista» por la cercanía de las elecciones autonómicas y municipales. El portavoz de campaña, Sebastià Sagreras, explica que las viviendas en buenas condiciones y en «zonas atractivas» ya fueron vendidas, por lo que el anuncio llega «tarde, mal y será insuficiente».
Enfatiza en que actualmente hay unas 8.000 personas en lista de espera para acceder a una vivienda de alquiler social, por lo que esta iniciativa no será efectiva, y pone el foco en las 70.000 casas vacías que hay en Baleares según los datos de la conselleria de Vivienda: «Lo que hay que hacer es incentivar a estos propietarios para que pongan sus pisos a disposición de la gente». Esto incluye asegurar el pago del alquiler en caso de impago del arrendatario y sufragar los gastos de reforma en caso de que el inmueble se devuelva en mal estado. Por último reivindica dos medidas para hacer frente al problema de la vivienda: crecer en altura y poder dividir las casas grandes de algunos pueblos para reconvertirlas en varios pisos.
