La oferta ilegal no se ha erradicado en Palma, si bien es cierto que es mucho menor a la que había con anterioridad al 26 de julio de 2018, cuando el exalcalde y ahora regidor Antoni Noguera consiguió que la capital balear se convirtiera en la primera ciudad española en decretar el veto al alquiler vacacional. Palma llegó a tener 25.000 pisos turísticos. Ahora se ha reducido de forma importante, pero el 70% de la oferta de Airbnb en Palma puede considerarse ilegal.

Durante el mes de febrero, en pleno invierno, se anunciaban casi 2.000 en Airbnb, según la radiografía publicada el mes pasado por este periódico. Son muchos menos, pero aún queda camino por recorrer para bajar hasta 621, que es el número de viviendas total con licencia oficial en Palma para operar como viviendas vacacionales. Con estos números, se puede afirmar que el 70% de la oferta en la plataforma es ilegal.

Además de la capital balear, hay otros 17 municipios donde en estos momentos es posible detectar oferta ilegal si se compara el número de anuncios de Airbnb con el de las licencias vigentes, cuyos datos consiguió Diario de Mallorca.

Por orden y en porcentajes, los otros municipios con mayor oferta ilegal (todos muy lejos de Palma) según los datos que recoge Inside Airbnb son: Llubí (40%), Ariany (34%), Búger (33%), Costitx (33%), Escorca (30%), Inca (26,25%), Muro (25%), Selva (23,4%), Alcúdia (20,75%), Petra (20%), Calvià (20%), sa Pobla (14,4%), Santa Margalida (12%), Pollença (8%), Mancor (7,5%), Campanet (6,5%) y Lloseta (5%).

Estas estimaciones son aproximadas porque la oferta de vivienda turística no se concentra toda en Airbnb, sino que hay otras plataformas y agencias inmobiliarias que operan tanto aquí como en el extranjero.