Canadá ya lo ha hecho. El gobierno de Justin Trudeau prohibirá durante los próximos dos años la compra de viviendas a extranjeros no residentes, una medida que tiene el objetivo de controlar los precios.
Baleares ha planteado medidas similares. El Govern de Francina Armengol ha manifestado en varias ocasiones su voluntad de limitar la compra de viviendas en las islas a los no residentes o a las personas que llevan menos de cinco años viviendo en el archipiélago para ayudar a garantizar el acceso a la vivienda a los ciudadanos de las islas. Baleares es la comunidad autónoma en la que es más alto el precio medio de la vivienda nueva, cuyo aumento fue del 9,1% en el último año. Un ciudadano balear necesita destinar de media 16,4 años de su sueldo íntegro a la adquisición de una vivienda, más del doble que la media estatal (7,6 años).
El pasado mes de noviembre el Govern dio el primer paso para tratar de limitar la compraventa de viviendas por parte de no residentes en Baleares con la creación de un grupo de trabajo en el que participan las conselleries de Presidencia, Vivienda y Hacienda, la Abogacía de la Comunidad Autónoma y la Universitat de les Illes Balears (UIB). El Ejecutivo balear cumplía así con la promesa parlamentaria de iniciar el estudio y elaborar un informe preliminar de la situación jurídica actual en la Unión Europea, cuyo marco jurídico dificulta limitar la compra de propiedades inmuebles por parte de extranjeros en territorio comunitario.
Limitación en Canadá
En el caso de Canadá, el 1 de enero entró en vigor esta nueva ley que fue aprobada por el Gobierno de Justin Trudeau ante el aumento de los precios de las viviendas en el país desde el comienzo de la pandemia y la creencia de que los compradores extranjeros adquirieron numerosas propiedades como inversión.
Según ha explicado en los últimos meses Trudeau, en el mercado inmobiliario canadiense se han producido numerosas operaciones de especulación a manos de corporaciones e inversores extranjeros que han generado un problema de falta de vivienda y de precios disparados.
"Las casas son para las personas, no para los inversionistas", ha insistido el presidente liberal canadiense.
Sí podrán comprar viviendas los refugiados y los residentes permanentes de Canadá que la vayan a usar como residencia principal.
La medida, una de las promesas electorales de Trudeau en su última campaña a las elecciones de 2019, se pone en práctica pese a que los precios de la vivienda en Canadá han caído en torno al 13 % este año, según la Asociación Canadiense de Bienes Raíces.
Todo ello después de fuertes subidas tras la pandemia y de que el Banco de Canadá haya estado elevando las tasas de interés en los últimos meses.
El pasado abril, el Gobierno canadiense presentó su proyecto presupuestario para el año fiscal 2022-2023 concentrado en la reducción del déficit y el abaratamiento de la vivienda en el país
De los 31.200 millones de dólares canadienses (24.800 millones de dólares estadounidenses) correspondientes al nuevo gasto, una tercera parte está destinada a hacer la compra de viviendas más asequibles para los canadienses.
