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El Pacto negocia un frenazo a la edificación en suelo rústico y a los grandes chalets urbanos

En el campo solo podrían construir un 1% de parcela, quieren ampliar 150 hectáreas zonas naturales como es Trenc, La Victòria o la Serra, exigir 40 casas por hectárea urbana y una sola piscina por finca y de un máximo de 35 metros cuadrados

El Pacto pretende combatir desarrollos urbanísticos extensivos y limitar las piscinas. Terraferida

El Pacto de izquierdas que apoya al Govern está negociando una reforma urbanística restrictiva de calado a nivel balear. Proponen acometer un frenazo considerable a la expansión de la construcción en suelo rústico y acabar con los grandes chalets y mansiones en zonas residenciales. El objetivo es conseguir que en los nuevos desarrollos urbanos se apueste por núcleos más poblados con un mayor número de viviendas asequibles.

La propuesta la ha presentado Més per Mallorca, formación que gestiona ordenación del territorio en el Govern. Pretenden modificar hasta cinco normas para acometer estos cambios urbanísticos. Son la Ley de Conservación de Espacios de Relevancia Ambiental (LECO), Ley de Urbanismo, la Ley de Espacios Naturales (LEN), Directrices de Ordenación del Territorio (DOT) y Ley Suelo Rústico.

En suelo rústico es donde se pretende acometer una reforma de profundidad para impedir la expansión de las viviendas en el Campo. Por este motivo quieren modificar las normativas urbanísticas existentes y limitar la construcción a un máximo de un 1% de la parcela en caso de fincas de suelo rústico común que no estén dedicadas a la agricultura, cuando ahora pueden llegar al 2,5%. Asimismo, solo quieren permitir una piscina de un máximo de 35 metros cuadrados, entre lámina de agua e instalaciones, por parcela. En este mismo sentido, con la finalidad de evitar la construcción de grandes mansiones y edificios descomunales en suelo rústico, se quiere aplicar un máximo de 600 metros cuadrados destinados a vivienda. En estos 600 metros cuadrados se incluyen garajes y piscinas que computan como volumen edificado. Esta medida está destinada a los grandes propietarios que tengan una gran extensión de terreno.

De igual modo, los propietarios de casas de campo estarán obligados a mantener la tipología típica y a la restauración de elementos etnológicos, como es el caso de paredes, molinos y fuentes. También se deberán preservar zonas boscosas y mantener las áreas arboladas de las fincas donde se pretenda construir una vivienda.

En suelo urbano también se apuesta por impulsar un cambio considerable a través de los planeamientos urbanísticos municipales. El objetivo es concentrar un mayor número de gente en los entornos urbanos y evitar la dispersión. Para ello, las modificaciones presentadas por Més con el apoyo de Podemos apuntan a que en los nuevos crecimientos residenciales en suelo urbano se exigirá un mínimo de 40 viviendas por hectárea y se amplía a hasta un máximo 100 en los núcleos no turísticos de más de 20.000 habitantes y un máximo de 75 en los turísticos y de menos de 20.000 habitantes. La pretensión con esta medida es la de limitar la construcción de grandes chalets y fomentar la edificación de viviendas en vertical, más pequeñas y asequibles. Así se concentra la población en el entorno urbano y se evita el fenómeno que se viene produciendo desde hace décadas, calificado como la «urbanización del suelo rústico».

Por otra parte, otra de las exigencias que pretenden introducir en el Pacto con los cambios de leyes de ordenación territorial es que en cualquier nuevo desarrollo urbano se deberá destinar un mínimo del 30% a levantar viviendas de protección pública.

Una de las novedades de estas modificaciones, en el caso de las VPO, es que habrá que realizar por ley una reserva destinada exclusivamente a viviendas públicas para alquiler con carácter rotatorio para los colectivos con necesidades urgentes de pisos.

Espacios naturales

Por otra parte, las enmiendas presentadas por Més también abogan por una importante ampliación de los espacios naturales de Mallorca. En concreto hablan de los parques naturales de es Trenc-Salobrar (Campos) y la Serra de Tramuntana, así como las Áreas Naturales de Especial Interés (ANEI) de La Victòria en Alcúdia y del Barranco de Xorrigo, entre Palma y Algaida. En Mallorca en total se pretende proteger unas 150 hectáreas más que en su mayor parte serán con la ampliación de la Serra de Tramuntana y la emblemática zona natural de Campos. En Eivissa se incluye la ampliación del ANEI de Cala Jondal unas 36 hectáreas más, lo que harán un total de 186 hectáreas en todas las Balears.

Més ha presentado una batería de enmiendas a la modificación de la LECO que introducen cambios en otras cinco leyes. Cuenta con el apoyo de Podemos, según admitió el diputado nacionalista Joan Mas Collet. No obstante, fuentes de ambos partidos admiten que el acuerdo no está cerrado con PSOE para que los socialistas también voten a favor en el Parlament.

Parón a los nuevos crecimientos municipales

Las enmiendas presentadas por Més a la modificación de la LECO también ponen duras condiciones a los ayuntamientos a la hora de impulsar nuevos crecimientos urbanísticos, como es el caso de suelo urbanizable (suelo susceptible de ser edificado cuando tenga dotación de servicios). Una de estas duras condiciones es que los ayuntamientos que tengan un 15% de suelo urbano vacante (sin construir) no podrán impulsar nuevos crecimientos urbanísticos.

La redacción de la norma que están negociando los partidos del Pacto de Izquierdas también señala que «los planeamientos urbanísticos generales municipales no podrán delimitar nuevos sectores de suelo urbanizable cuando las necesidades reales del núcleo puedan ser resueltas mediante actuaciones de rehabilitación, regeneración y renovación urbana, que siempre deben ser prioritarias frente a los nuevos crecimientos urbanísticos».

Por otra parte, se pretende que los municipios determinen su capacidad máxima de población en cada zona de ordenación en suelo urbano y de cada sector en urbanizable. «En cualquier caso -apunta la enmienda-, en ámbitos de suelo urbano consolidado por la edificación en más del 90% y no sujetas a actuaciones de transformación urbanística, la capacidad de población se determina en función de la existente y de las previsiones demográficas en un horizonte mínimo de 15 años. Para las zonas de ordenación urbanística delimitadas en suelo urbano y para sectores del suelo urbanizable de uso residencial, debe fijarse la densidad máxima de población». Ello significa que cada ayuntamiento deberá evaluar la capacidad de carga humana en cada uno de sus núcleos de población.

Las enmiendas de Més con el apoyo de Podemos ya han sido registradas en el Parlament, en concreto en la Comisión de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio que debe tramitar la modificación de la LECO. En esta comisión serán debatidas antes de llegar al pleno de la Cámara balear.

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