El Tribunal Superior de Justicia apunta a que la causa contra el exjuez Manuel Penalva, el exfiscal Miguel Ángel Subirán y cuatro agentes del grupo de Blanqueo de la Policía por presuntos delitos en la investigación del caso Cursach podría ser anulada por el espionaje a varios periodistas para averiguar sus fuentes, declarado ilegal por el Tribunal Constitucional.
En una providencia dictada ayer, el magistrado Carlos Gómez, instructor de la causa, emplaza a los propios periodistas -Kiko Mestre, de Diario de Mallorca, y Blanca Pou, de Europa Press- a la fiscalía y al resto de partes personadas a que se pronuncien sobre la posible nulidad de la causa. La cuestión es si los datos obtenidos de los móviles de los periodistas, cuyo aval jurídico fue declarado nulo, debe hacer caer todas las pruebas recabas después. La fiscalía sostiene que no.
Gómez señala que las alegaciones pueden afectar incluso a la competencia del TSJB para investigar el caso, ya que las actuaciones serían anuladas hasta un momento en el que Penalva y Subirán no eran investigados, por lo que al no ser ya aforados por estar jubilados la competencia recaería en un juzgado de instrucción ordinario.
