La sentencia del Tribunal Constitucional (TC) sobre el espionaje judicial y policial a dos periodistas para averiguar las fuentes de sus informaciones del Caso Curscah deja en el aire la investigación abierta contra el exjuez Manuel Penalva, el exfiscal Miguel Ángel Subirán y cuatro agentes del grupo de Blanqueo de la Policía. La anulación por parte del TC de uno de los primeros autos de esa causa podría echar abajo toda la instrucción en el Tribunal Superior de Justicia de Balears (TSJB), según explicaron ayer fuentes jurídicas.
Entre las resoluciones declaradas inconstitucionales por vulnerar derechos fundamentales figura la decisión del juez Miguel Florit de recabar los listados de llamadas emitidas y recibidas, los posicionamientos del teléfono y los mensajes privados de los periodistas Blanca Pou, de Europa Press, y Kiko Mestre, de Diario de Mallorca, en noviembre de 2018. Como consta en los informes posteriores de la Policía Nacional, esta información se obtuvo y sirvió, entre otras cosas, para señalar a uno de los agentes del grupo de Blanqueo como fuente de los periodistas. A partir de ahí, las pesquisas llevaron a un grupo de WhatsApp formado por Penalva, Subirán y los policías que ha sido uno de los puntales de las acusaciones contra ellos.
La decisión del Constitucional llega con el caso a las puertas del juicio. El juez, el fiscal y los agentes fueron imputados por un rosario de graves delitos, pero el magistrado del TSJB encargado de la instrucción limitó la acusación a la simple revelación de secretos, decisión que fue recurrida y que está todavía sin resolver.
Está por ver el impacto que la sentencia del TC, que ordena «retrotraer las actuaciones al momento anterior al dictado del primero de los autos anulados» tiene en esta causa. Las fuentes consultadas por este diario señalaron que deben ser el TSJB y el juzgado de instrucción número 12 quienes muevan ficha para subsanar las irregularidades evidenciadas por el Constitucional y permitan a Mestre y Pou -que nunca estuvieron acusados ni imputados- personarse en el procedimiento al estar afectados sus derechos fundamentales, algo que tanto Florit como la Audiencia de Palma les impidieron en diversas resoluciones.
Pero la decisión del TC podría provocar también la anulación de toda la instrucción si, como sostienen las fuentes consultadas, se concluye que todas las pruebas obtenidas están viciadas al partir de un auto declarado nulo. Las defensas de Penalva, Subirán y los policías acusados están estudiando la sentencia del Constitucional para determinar su alcance. Otras fuentes, en cambio, señalaron que es posible dar cumplimiento a la resolución del TC sin anular todas las investigaciones llevadas a cabo desde 2018.
El Sindicat de Periodistes celebra la sentencia
El Sindicat de Periodistes de les Illes Balears (SPIB) celebró ayer que el Tribunal Constitucional «haya sentenciado que los periodistas Blanca Pou y Kiko Mestre sufrieron un trato injusto por parte del juez que ordenó la requisa de sus teléfonos» y confió en que «siente un precedente efectivo que evite nuevos abusos judiciales» contra periodistas.
