Más madera en el caso Cursach. El Tribunal Superior de Justicia de Balears (TSJB) ha ampliado los delitos por los que deben ser juzgados el exjuez Manuel Penalva, el exfiscal Miguel Ángel Subirán y cuatro antiguos agentes del grupo de Blanqueo de la Policía Nacional. En un auto de 332 páginas notificado ayer, la sala de lo civil y penal del TSJB sostiene que existen indicios de que cometieron detenciones ilegales, amenazas y coacciones a imputados y testigos, revelaciones de secretos a periodistas que además no investigaron y obstrucción a la justicia. Los magistrados Pedro Barceló, Antonio Terrasa y Fernando Socías enmiendan así la plana al presidente del TSJB, Carlos Gómez, que cerró la instrucción del caso con una simple acusación por las filtraciones a la prensa. La decisión de la sala es firme y no puede ser recurrida.
El auto estima en parte los recursos presentados por la fiscalía y las acusaciones particulares, ejercidas por implicados en el caso Cursach y sus derivadas. Por un lado, el TSJB considera que existen indicios de que las detenciones de 12 personas -entre ellas dos exconcejales del PP- en la investigación de llamado caso ORA por el amaño de un concurso en octubre de 2016 se practicaron un «mínimo o inexistente bajage indiciario» y no estaban justificadas. También considera irregulares los arrestos del hermano y los padres de Álvaro Gijón en junio de 2017 por esta misma investigación «cuando ningún indicio» existía de que estos familiares hubieran participado en la adjudicación. Por estos hechos, la sala considera que Penalva, Subirán y los policías deben ser juzgados por un delito de prevaricación.
En esta misma investigación, la sala sostiene que existen indicios de un delito de amenazas o de obstrucción a la justicia por presionar y coaccionar a varios imputados para que declarasen, aunque fuera mentira o no lo supieran, que Gijón había cobrado comisiones por adjudicar el contrato de la gestión a la ORA al empresario Antoni Roig. Además, los magistrados imputan un posible delito de prevaricación a Penalva por meter en prisión preventiva a Roig y otro acusado de forma injustificada. La causa acabó siendo archivada.
También consideran que existen indicios de criminalidad por las supuestas presiones de un policía al director general del Grupo Cursach, Bartolomé Sbert, tras su detención en febrero de 2017 para que implicara al líder del PP de Palma José María Rodríguez en la trama corrupta. Además, acusan a Subirán de coacciones y amenazas por hostigar a un sospechoso para que incriminara a Cursach a cambio de no ser imputado en la causa.
El TSJB entiende además que Penalva, Subirán y los agentes deben ser juzgados por las informaciones publicadas en este diario sobre la investigación judicial del caso Cursach. Los magistradas entienden que existen indicios de criminalidad, en unos casos por facilitar información a un periodista y en otros por no perseguir a las fuentes. Por ello, entiende que el exjuez, el exfiscal y deben responder por delitos de revelación de secretos y de omisión del deber de perseguir delitos.
El auto, en cambio, desestima varias peticiones de las acusaciones para seguir ampliando la lista de cargos contra los investigadores del caso Cursach. En este sentido, sigue descartando que manipularan a testigos como la madama, ‘El Ico’ o el camarero de Tito’s para que declarasen cosas que no eran ciertas. El TSJB también justifica la legalidad de diversas actuaciones llevadas a cabo por los seis acusados durante las pesquisas del caso Cursach. Además, cierra la puerta a acusarles de un delito de organización o grupo criminal, como reclamaban varias acusaciones.
La decisión del TSJB se ha demorado más de un año y no puede ser recurrida, por lo que ya es firme.
LAS CLAVES
Detenciones irregulares | Prevaricación por los arrestos del caso ORA
La sala aprecia indicios de criminalidad por un delito de prevaricación por las detenciones «sin indicios suficientes», entre ellas las de los padres y el hermano de Gijón.
Coacciones y amenazas | Presiones a detenidos, imputados y testigos
El TSJB considera que podrían haber cometido actos ilegales al coaccionar a varias personas para que declarasen contra otras.
Revelación de secretos| Acusados por varios informaciones en prensa
Los magistrados sostienen que dieron información secreta a un periodista y no persiguieron a la fuente.
