La comisión judicial que se coordina las actuaciones para luchar contra la violencia machista, en la que intervienen varias instituciones, se reunió ayer en Palma para ir avanzando en la búsqueda de soluciones para hacer frente a esta lacra social. Esta reunión también sirvió para analizar la situación en la que se encuentran los dos juzgados de Palma que atienden los casos de agresiones o amenazas sobre mujeres, que reciben cada año miles de denuncias y que se encuentran en una situación de colapso.

El presidente de la Audiencia, el juez Diego Gómez Reino, advirtió ayer que los dos juzgados de violencia sobre la mujer de Palma, que cuentan con el apoyo de un tercer magistrado, soportan una carga de trabajo muy elevada. «La situación es límite y se hace un esfuerzo para dar una respuesta a todas las necesidades que se presentan».

Los integrantes de esta comisión analizaron ayer un abanico de soluciones para intentar mejorar la situación de este juzgado. Una solución que no se encontraría a corto plazo, porque estos dos juzgados sufren los mismos problemas que el resto de la estructura judicial: pocos medios y mucho trabajo.

Los responsables judiciales de Balears vienen reclamando la necesidad de contar en Palma con un tercer juzgado, que incluso sería insuficiente, ya que la realidad del problema precisaría incluso de una cuarta sede judicial. Este aumento de la plantilla judicial de la ciudad depende del Ministerio de Justicia, que ya conoce la complicada situación que sufren estos dos juzgados.

Otra de las soluciones que plantea la comisión es que se creen unos estudios de formación profesional específicos para futuros empleados judiciales destinados a los juzgados de violencia contra la mujer. Los jueces apuestan por crear un sistema de juzgado de guardia permanente que atendiera únicamente los casos de agresiones a mujeres, con el correspondiente plus económico para los funcionarios, pero en estos momentos este proyecto es imposible. Con dos juzgados no se puede organizar este sistema de guardias, que únicamente sería posible con cuatro oficinas judiciales, según explicó ayer el presidente de la Audiencia. En estos momentos el número de denuncias que reciben anualmente los juzgados de violencia machista supera los 4.000 casos. Es una carga que provoca que los juzgados estén trabajando por encima de sus posibilidades. A ello se añade el problema de que la mayor parte de las plantillas de funcionarios están compuestas por trabajadores interinos que, a la primera oportunidad que se les plantea, piden el traslado a otro destino por la enorme carga de trabajo que tienen que asumir. El magistrado Diego Gómez Reino explicó el problema que representa que un funcionario, que ha recibido una formación específica para trabajar en este juzgado, decide cambiar de destino. «Todo el trabajo que se ha hecho no sirve de nada».

Para el presidente de la Audiencia la situación límite en la que se encuentran estos juzgados no representa un problema puntual, sino que ya es estructural.

En la reunión también se explicó que si en el caso hipotético de que Madrid aprobara crear dos juzgados más dedicados a esta lacra social, habría el problema de falta de espacio. De momento, se ha encontrado un lugar para montar el tercer juzgado.

Ante la pregunta de si esta falta de medios se puede traducir en una desatención a una mujer maltratada, el presidente de la Audiencia reconoció que «el riesgo cero no existe», aunque señaló que los jueces seguirán trabajando para dar respuesta a todas las denuncias.