La reforma de la ley turística balear anunciada el lunes por Francina Armengol cosechó ayer reacciones diversas entre empresarios y agentes sociales, algunos de ellos presentes en el marco de la primera jornada de la Feria Internacional de Turismo de Madrid, Fitur.
La patronal hotelera de Mallorca reaccionó con frialdad al cambio legislativo pocas horas después de ser anunciado -«todavía no hemos visto la letra pequeña», declaró Maria Frontera- y ayer la presidenta de la asociación hotelera de Cala Millor, Maria Inés Batle, cuestionó el fondo y el momento de este cambio normativo. «Tal como lo han vendido, como hotelera me siento como una explotadora. Y como alguien que no tiene ningún respeto por el medio ambiente, cuando el sector hotelero ha implementado todas las normas que se nos han exigido. No es solo la ley de turismo, es toda la legislación medioambiental y de riesgos laborales que hay detrás», señaló Batle en Fitur.
La nueva regulación exigirá a los empresarios importantes inversiones para que la planta hotelera reduzca sus consumos energéticos y de agua, además de sustituir todas sus camas por otras elevables para mitigar las enfermedades de las camareras de piso.
«Puede que nosotros no lo llamemos plan de circularidad, pero todos los hoteles tenemos implementados planes de medio ambiente», subrayó en relación al modelo de economía circular que el Govern quiere para el sector turístico de las islas. «Es desalentador que con la situación que tenemos, con una pandemia de la que todavía no hemos salido, se exijan unas cosas cuando tenemos otras cuestiones que resolver», añadió.
Batle negó que la reforma turística haya sido consensuada con los hoteleros, tal como reiteró Armengol durante la presentación: «No se ha negociado, ni consensuado. Solo ha habido conversaciones. Hemos escuchado, pero no hemos podido contestar».
Dirigentes del PP balear, con su presidenta Marga Prohens a la cabeza, visitaron ayer Fitur. El partido conservador valorará hoy la reforma turística diseñada por el Govern, a la que opone reparos de calado.
Proposta per les Illes Balars, por su parte, criticó ayer la opacidad que envuelve al nuevo marco legislativo. «Aún no conocemos la letra pequeña ni el contenido íntegro. Lo mínimo que debía hacer el Govern es remitir el borrador a los grupos parlamentarios y a los agentes sociales el mismo día que hacía su acto propagandístico en Madrid», indicó el portavoz de El Pi, Josep Melià.
«La nueva ley no cuenta con una normativa flexible que permita e incentive la modernización de los establecimientos sin aumento de plazas y alturas. Tampoco introduce el cambio de uso para reconvertir hoteles obsoletos y de baja calidad», abundó.
UGT: «Las camas ya no serán un problema para las kellys»
UGT pronosticó ayer que las novedades introducidas por el Govern en la Ley de Turismo supondrán que «las camas van a dejar de ser un problema para las camareras de pisos después de años de reivindicaciones». Para este sindicato, «por primera vez una norma de este tipo pone el foco en la salud laboral del personal de la principal industria turística del archipiélago». A partir de 2023 los hoteles deberán sustituir sus camas convencionales por otras elevables.
