En 1972, el palmesano Pedro, auxiliar de farmacia, acababa de casarse con Ana. Se fueron a vivir a un piso en La Soledad, «por 3.000 pesetas al mes (18 euros). No hacía falta que mi mujer trabajara. Nos compramos un Simca 1000 nuevo. Pagábamos el alquiler y podíamos comer bien».
Era el mundo de ayer. Parece el Pleistoceno desde unas islas y una sociedad global en la que los precios abusivos de los alquileres convierten el artículo 47 de la Constitución —«Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada»— en una quimera imposible. Más en Mallorca con el turismo al ralentí. Es el precio a pagar por su monocultivo.
Para parchear el endémico problema del acceso a la vivienda hay que bregar con las ayudas estatales al alquiler, gestionadas por la comunidad. Por su modus operandi, anacrónico y farragoso, no resuelven a tiempo las dificultades que provocan los precios desorbitados que se pagan por una casa.
Ha ido incrementado el presupuesto y el número de beneficiarios, se alega desde el Govern. Las de 2018, 7,4 millones, se abonaron a unas 3.000 familias en noviembre de 2019, cumplido de largo el año desde la convocatoria. Es toda una odisea.
Las necesidades se han multiplicado hasta el infinito con la pandemia. El año pasado, estrenando crisis, el Govern, a través del Ibavi, que tramita las ayudas, corrió para repartir 8,4 millones de presupuesto y adelantó el pago a partir de mayo. Las habían solicitado 5.200 familias.
Pedro M. (prefiere no identificarse) es uno de los 8.190 solicitantes de las ayudas de 2020, con 8,8 millones de dotación. Se cerraron en julio. Espera recibir 3.000 euros «a finales de este mes o principios del que viene», según le dijeron» en el Ibavi. «Ya veremos», recela. «En 2019 —bufa— fue de cachondeo. Protesté».
Con las vueltas que da la vida, Pedro, de 73 años y padre de dos hijos, fue cambiando de empleos. Trabajó en un laboratorio farmacéutico, tuvo una cafetería.... Al final su vida laboral y los años de autónomo le dejaron, al jubilarse a los 67 años, una pensión de «678 euros. A mi mujer, unos 500». Hace seis años no les quedó más remedio que mudarse de su piso en Pont d’Inca, donde pagaban 750 euros, a otro en Puig de Roig, en Llucmajor. Otro expulsado de su ciudad por el lujo en el que se ha convertido vivir de alquiler. Un apartamento con salón, 1 habitación y una cocina pequeña, a razón de 450 euros mensuales, es lo que podía pagar. «Era asequible». Ahora se alquila en su edificio una vivienda igual por 800 euros, las de dos habitaciones suben a 1.200. «Una barbaridad».
De esa barbaridad a las calamidades que atraviesa Eric Burger, profesor, director de teatro y «coach». Un venezolano de 61 años que vive en Mallorca hace veinte años. Su último trabajo «oficial» fue el de figurante en la opera Carmen en la versión de Calixto Bieito, estrenada en marzo del año pasado en el Teatro Principal. Vivir en Alaró le cuesta «800 euros mensuales de mi alma». Como la mayoría de los actores compaginaba su vocación con trabajos «en hotelería o de conserje». Imposible buscarse la vida ni montar obras con la covid.
Cobra la Renta Social Garantizada (Resoga) y recibe ayuda del Banco de Alimentos. Con un crédito ICO cubrió hasta noviembre el pago del alquiler. Y «empezó el caos». Confiaba, en vano, en tener antes de que acabara el año la ayuda al alquiler. El Govern publicó un primer listado en el BOIB el 29 de diciembre, con 687 beneficiarios, entre los que se repartieron 984.185 euros.
Pedro no estaba en la lista. Eric, que desde mayo pasado es «activista» de la Plataforma Afectados por la Hipoteca (PAH), tampoco.
La PAH denuncia que estos retrasos en los pagos no solo se deben al alud de peticiones, sino a que se tramitan a través de un sistema informático «caduco». No se renueva desde hace años, lo que conlleva que el personal del Ibavi tenga que trabajar manualmente por sus deficiencias, denuncia Àngela Pons, portavoz de la PAH.
Por fin, el 1 de abril se publicó en el BOIB la resolución de pago de otros 4,5 millones para abonar las ayudas a 2.469 familias. Son las que ahora están recibiendo las subvenciones. El proceso sigue lento. A trompicones.
A Pedro y a Eric ya les han notificado que cobrarán. María Núñez sigue esperando. Es una profesional de marketing de 32 años que compagina un trabajo precario (por debajo de los 22.500 euros que le permiten optar a las ayudas) con encargos freelance para poder afrontar la ‘ostentación’ de vivir en Palma en 35 metros cuadrados.
La joven paga 500 euros por «un loft» donde «las únicas puertas son las del armario y la del baño; un espacio diáfano», apostilla con gracejo gallego. Es «casi el 45% de mi sueldo», continúa María. Hace dos años recibió 2.100 euros de ayuda. «Tuve que devolver a Hacienda 1.000. El año pasado otro tanto. «Siempre tengo varios pagadores». No entiende que cada año se pidan «los mismos certificados» en lugar de hacerse verificaciones telemáticas. «Es una tomadura de pelo». Tampoco la precariedad de la web del Govern. «No está optimizada, es decir, adjuntar documentos es complicado, no es intuitiva», explica. Y, por supuesto, se queja del incumplimiento de los plazos.
Pedro da gracias a que tiene un casero del que no puede quejarse. Eric no conoce al suyo, le toca pelear con una inmobiliaria que no para de llamarle. Sobre él pesa la amenaza del desahucio. Cuando cobre la ayuda irá directa a pagar los cuatros meses que debe.
«Más vale comer pa amb oli que no pagar el alquiler», masculla el jubilado sentado en la terraza de la única cafetería que hay junto a su casa. Allí lee la prensa cada día. En Puig de Roig no hay mucho más que hacer. Solo caminar. «Esto se queda muerto». Nada que ver con su antiguo bario. Su coche actual tiene 24 años.
