¿Está preparado el IMAS para las necesidades sociales de Mallorca en su invierno más duro?
Confiamos en que lo que estamos haciendo, que es muchísimo, nos permita estar preparados. Eso es decir mucho. En un contexto de crisis cada día salen urgencias nuevas, pero estamos poniendo todo lo que tenemos encima de la mesa. Todo el año está siendo muy complicado y prevemos que hasta mitad del año que viene lo seguirá siendo.
Ya hay más personas viviendo en la calle que antes de la pandemia, ¿cómo piensan afrontar este problema?
Sí, teníamos contabilizadas unas trescientas y pico personas viviendo en la calle y ahora estimamos que hay unas 550, no sabemos si por este período temporal o si es algo estructural. Durante el confinamiento habilitamos Son Pardo y Sant Ferran y luego a estas personas se les dio salida a centros especializados y al proyecto de Housing, de dar un hogar a las personas que no tienen. También nos ayuda mucho el hotel covid, que nació para acoger a personas que no podían aislarse por no tener domicilio o por no tenerlo en condiciones, pero ha ido evolucionado y, después de dar cobertura a los inmigrantes que venían en patera para hacer el confinamiento, ahora funciona como refugio temporal para unas 40 personas sin hogar durante la ola de frío.
La segunda ola de la pandemia ha vuelto a cebarse con las residencias: ¿No aprendimos nada? ¿Qué ha fallado?
Hablamos de una concentración de personas muy vulnerables en un mismo espacio y la transmisión del virus es relativamente sencilla, el trabajo con las personas más vulnerables es de contacto directo. En marzo hubo un confinamiento total y en la segunda ola la vida ha seguido. Las residencias no son un entorno cerrado y cuando hay transmisión comunitaria el virus acaba entrando de una manera u otra y ahí es difícil de controlar, sobre todo si el centro es grande. Ahora se han cambiado algunas estrategias. Por ejemplo, con la residencia de Sa Riera para positivos sin síntomas, con más cribajes masivos y adelantando la intervención de residencias si es necesario. Los protocolos se cumplen, pero es relativamente fácil que en algún momento haya un error.
Ha habido casos en residencias públicas, pero ha habido más brotes en las privadas, ¿habría que revisar la normativa que las regula?
No es un secreto que las ratios de personal son muchísimo más elevadas en las públicas. Además, este virus penaliza mucho la rotación, la inestabilidad laboral. Ha habido legislaturas en las que se ha cuestionado que el modelo público era carísimo y se ha defendido el concertado o privado por ser más barato y efectivo. Pero bueno, no se puede estigmatizar a las privadas: algunas lo han hecho y lo hacen muy bien, aunque nuestra apuesta es el modelo público, avanzar y ampliar la atención en domicilio y el servicio personalizado, y dejar atrás el modelo residencial masivo.
«Si no hubiese salido en prensa, quizás no estaríamos haciendo tantas cosas para frenar la explotación sexual de menores tuteladas»
Han puesto dos inspectores más para supervisar a todas las residencias de Mallorca. Antes, solo había dos. Pandemia al margen, ¿no flojea la labor de supervisión del IMAS?
La crisis sanitaria no se soluciona con inspectores. Es verdad que siempre es poco todo lo que se pueda hacer en inspección y por eso quisimos reforzarlo. Cuatro pueden parecer pocos, pero las necesidades son tantas que intentamos buscar el equilibrio.
Para proteger a los mayores, se han limitado visitas, suprimido salidas … Las familias advierten de su deterioro cognitivo y tristeza, ¿cómo lograr un equilibrio entre seguridad y necesidad de contacto?
Lo intentamos, es difícil. En el confinamiento empezamos con las videollamadas y se están haciendo visitas supervisadas, aunque es verdad que nos dicen que no son como les gustarían, pero que al menos se ven. Antes la norma consideraba que un caso era un brote y eso paralizaba todas las visitas. Ahora se permite que si hay en un caso en una residencia grande que se puede sectorizar pues no se tiene que paralizar todo. Ahora se han aprobado las salidas en Navidad, con todos los controles necesarios. Me solidarizo con las familias porque está siendo muy difícil, pero también es cierto que una vez que entra el virus el 20% de las personas que se contagian en un entorno residencial de dependientes fallece. También hago un apunte: en las residencias del IMAS en 2020 ha fallecido un 20% menos de usuarios que en 2019. Antes los mayores también fallecían de enfermedades infecciosas como la gripe, que ahora con todas las medidas no se están transmitiendo.
Una comisión política en el IMAS analizará la gestión ante la explotación sexual de menores tuteladas, ¿por qué se descarta la comisión de investigación?
Creímos que así como la planteaba la oposición lo único que quería era sacar rédito político y dijimos «no vais a a usar a las menores para esto» Hay un problema de base, en la sociedad, que no se acaba con decir «pues que tal persona dimita». Esto no depende de un cargo político. Planteamos la comisión de expertos y su trabajo salió adelante, pese a que lo intentaron bombardear. El informe se hizo público y muestra lo que se está haciendo bien y lo que se podía mejorar y se señala que somos de los pocos territorios del Estado que hablamos de esto.
«Como entidad protectora, hacemos autocrítica, pero sentimos que en vez de poner el foco en los abusadores se pone demasiado en nosotros»
Han criticado el ruido mediático, pero hablamos de esto porque este diario sacó la noticia que logró despertar la indignación social. De lo contrario, ¿se hablaría de este tema, estarían actuando como lo están haciendo?
Sabíamos que existía el problema y habíamos empezado a dar pasos, pero sí, creo que tienes razón en que los medios puedan haber ayudado a visibilizarlo. Quizás el IMAS no estaría haciendo tantas cosas ahora si no fuese por eso. Ahora, hay tratamientos y formas de contar las cosas que no podemos admitir porque criminalizan o revictimizan a las niñas. Lo que me duele es que nos acusen de falta de transparencia. Otra cosa es que vayamos a estar todo el día dando información, son casos que están judicializados y hay que tener mucho cuidado. El informe de la comisión ha marcado una hoja de ruta que ya hemos empezado a aplicar. Hemos redefinido las instrucciones sobre las fugas, la coordinación con la Policía ha mejorado muchísimo, hemos abierto el centro específico para menores víctimas de explotación... A veces sentimos un poco que en vez de poner el foco en los abusadores, se está poniendo demasiado en el sistema protector.
La culpa es de los abusadores, pero es indiscutible que el organismo que protege a los menores (de abusos, drogas, maltrato...) es responsable si estos quedan desprotegidos, ¿no?
Puede ser difícil de entender que a un sistema protector le pueda pasar eso, pero sí, como le puede pasar a cualquier padre. Nuestros centros son abiertos. La explotación sexual es una parte de todos los problemas que hay entre los mil y pico niños tutelados que tenemos. Cada caso hay que lucharlo, pero es difícil gestionar que en cuanto haya un solo caso o pase algo alguna vez ya se pidan responsabilidades.
En enero informaron de 16 casos abiertos.
Con esto pasa como con la violencia de género: cuando empiezas a poner protocolos, a registrar casos... empiezas a tener datos y a afrontar el problema. Con la explotación de menores aquí esto empieza básicamente en 2017. En la legislatura del PP no se registraba nada ni había protocolos. Ahora, tras la comisión de expertos, tenemos una visión global que antes faltaba. Y sabemos que este problema existe básicamente en las zonas más desarrolladas económicamente, sobre todo en el arco mediterráneo, y que está vinculado a temas de adicciones, trastornos de conducta... Hemos empezado el camino para mejorar, pero siempre que haya personas que estén dispuestas a pagar por sexo con un menor, erradicar eso del todo será complicado. Además, la tecnología facilita que alguien acceda a un niño.
‘Las nuevas tecnologías’, ‘esto pasa en toda España’, ‘hace años que pasa’... ¿entiende que al escuchar esto alguien piense que están echando balones fuera?
Hemos hecho autocrítica, tenemos una responsabilidad como sistema protector, y estamos actuando. A mí una cosa que me preocupa muchísimo es que un chico llegue a un centro por un motivo, y acabe estando peor o con otro problema. Por eso vamos hacia la especialización. Por ejemplo, abriremos un centro para menores con adicciones.
«En las residencias no han fallado los protocolos, es relativamente fácil que entre el virus y una vez dentro es complicado de controlar. Un 20% de las personas que se contagian en un entorno residencial de dependientes fallece»
¿De qué servirá la comisión política?
Se analizarán las decisiones y lo que se ha hecho, y lo que no se ha hecho (en política se penaliza poco lo que no se hace) en los últimos años. Insistimos a la oposición para que participe, no es incompatible con que sigan pidiendo otras cosas. Si las conclusiones son que alguien no cumplió su función, sea quien sea, pues se tendrá que reflejar, aunque pedir responsabilidad políticas de cosas sucedidas de hace años no sé cómo se articularía.
La Oficina Balear de la Infància i l’Adolescència señala desde hace años que la cifra de menores tutelados es superior a la de muchos otros territorios, ¿a qué lo achaca?
Creo que son muchos factores, hay un tema estructural, pero los procesos son garantistas. Cuando hay padres que recurren esta decisión, los juzgados fallan a nuestro favor en el 99% de los casos. Ahora, este equipo de gobierno quiere potenciar el trabajo con las familias para ver si se puede hacer algo antes de tomar esa medida de protección.
¿Unos padres en situación precaria pueden perder a sus hijos?
No puede ser el motivo, siempre se intenta preservar la familia. Estamos negociando con el IBAVI para poder dar alojamientos a familias que no tengan dónde vivir.
