"Ha gobernado apoyado solo en la imposición, despreciando a todos y sin lograr consensos, así que lo único que logran son sentencias en contra". El responsable sindical de UGT para la plantilla del Govern, Jordi Crehuet, sintetiza en una frase los reproches que hacen desde todos los sindicatos y toda la oposición al president Bauzá, al que se acusa además de usar fondos públicos para defender causas privadas. Ponen el ejemplo de su incompatibilidad, o de la subida de sueldos del gabinete del president, aunque quizá el caso más claro sea el litigio de Bauzá con Lorenzo Bravo, exsecretario general del sindicato que más veces le ha batido en los tribunales: UGT.

Bravo llamó a José Ramón Bauzá "fascista" y le instó, tras los recortes, a crear "campos de concentración para los que necesitan ley de dependencia".

El president utilizó los servicios jurídicos del Govern para demandar al sindicalista. En primera instancia los jueces rechazaron las tesis de Bauzá, que volvió a emplear recursos públicos para recurrir ante la Audiencia. El resultado fue el más habitual esta legislatura: perdieron Bauzá y el Govern.