"Este Govern ha traído confianza y seguridad jurídica". La frase la pronunciaba a finales de 2011 el president Bauzá. Repriman la carcajada: quizá alguien tenga confianza. La seguridad jurídica se ha perdido en cambio en una cascada de sentencias judiciales adversas que en algunos casos prometen inestabilidad legal durante años de recursos y vaivenes procesales. Y no son arenas movedizas de escasa profundidad: los fallos judiciales afectan a los pilares sobre los que pretendía edificar el PP la Presidencia de José Ramón Bauzá.
El último golpe lo firmaba esta misma semana el Tribunal Superior de Justicia de BalearsTribunal Superior de Justicia de Balears, que, por segunda vez en un solo año, desmontó el intento del Govern de llevar a las aulas el mismo trilingüísmo que alimentó la mayor manifestación de la historia autonómica. Los jueces se vuelven a sumar así a las tesis de aquella marea verde que llegó a sacar a 100.000 personas a la calle, después de que Bauzá intentase saltarse la primera sentencia contraria al TIL con un decreto ahora también desmantelado. De hecho, la Justicia ha vapuleado seis veces a la conselleria de Educación de Joana Maria Camps con este asunto. Sin duda en aras de las seguridad jurídica, el Govern llevará el caso al Tribunal Supremo mientras aplica el decreto ilegalizado por la Justicia, una garantía de que el modelo de enseñanza de Balears seguirá en el aire durante otros dos años de trámite judicial. O hasta las elecciones autonómicas de mayo.
Y el TIL no es excepción, sino regla. El Govern ha visto cómo el propio Supremo confirmaba decenas de sentencias que revocaban por su ilegalidad buena parte de los 700 despidos en empresas públicas. La operación, le valió el ascenso al hoy conseller de Economía, Joaquín García, y eso que tuvo como consecuencia un alto coste para las arcas públicas: algunas de las sentencias obligaron a readmitir a trabajadores ilegalmente despedidos, que llegaron a cobrar por no ir a cobrar, al haber sido suprimido sus puestos. La cuestión llegó al Tribunal Supremo, que le dio la razón al Govern primero para quitársela después, con el consiguiente quebranto para el contribuyente.
El alto coste de los errores de gestión y legislación de Bauzá para el erario público es de facto otra constante en la actuación de un president que también ha dedicado los euros de todos a litigar por cuestiones personales del propio Bauzá y los suyos. Como su pelea perdida contra el sindicalista Lorenzo Bravo. O su insistencia en pleitear de derrota en derrota hasta el naufragio final para mantener viva la que fue su primera decisión al llegar al poder: subir el sueldo de sus colaboradores más cercanos, mientras diseñaba los recortes salariales de 27.000 funcionarios de la comunidad.
Aunque no solo los tribunales le han parado los pies a un Govern tan al borde de la Constitución y la ley que le cuesta encontrar respaldo en un Gobierno de su partido. Ahí tienen si no la retahíla de casos en los que el Ejecutivo presidido por Mariano Rajoy ha cuestionado y obligado a modificar por su inconstitucionalidad o ilegalidad los proyectos de ley de Bauzá. Y no eran leyes menores. Nuevamente, las advertencias socavan pilares de la acción de este Govern, como la Ley General de Turismo, la del Suelo, o la de Función Pública, del mismo modo que se duda de la legalidad de impuestos como el que grava la venta de vehículos usados, con el que Bauzá hace como con el TIL: lo está aplicando pese a los avisos legales en contra, en este caso firmados por el ministro Cristóbal Montoro.
Pisando todos los charcos
Por el camino al Govern se le han resquebrajado en los tribunales varias operaciones clave. Es un perfecto ejemplo el traslado del casino, un episodio casi cómico pilotado por el propio conseller García, que primero vio cómo el Tribunal Superior anulaba el traslado del centro de juego desde Calvià a Portopí y después adjudicó un polémico concurso en el que se llevó el gato al agua el único proyecto que ocupa un espacio en el que las ordenanzas municipales de Palma no permiten un casino, el del Teatro Balear en el casco histórico. Así que Bauzá se ha estrellado contra normativas de toda ámbito, así en Palma como en Bruselas. Otro ejemplo: desde el Tribunal Superior de Justicia de la UE exigían al Govern la devolución del llamado céntimo sanitario (sobre las gasolinas), que Bauzá decidió implementar en 2012 pese a las amenazas en contra que llegaban desde los estamentos políticos y jurídicos de la Unión Europea. No escuchó y ahora deberá devolver lo cobrado de más a los contribuyentes.
Quizá en años venideros sufra consecuencias similares por despreciar los informes de la Sindicatura de Comptes, que hace solo dos meses denunciaba y documentaba que el Govern y su IB-Salut viven instalados en la adjudicación sistemática e irregular de contratos a dedo (el 90% de ellos se entregan irregularmente). Al expresident Matas también se lo advirtieron. No hizo caso, claro. Como Bauzá, que no obedece ni al Tribunal Superior cuando le ordena renunciar al capricho político de bloquear nuevas farmacias que compitan con la suya. El Consell Consultiu puede dar igualmente fe de la soberbia jurídica del Govern de las derrotas judiciales. Y eso que se trata de una instancia creada para asesorar en materia legal al president que desoye hasta a los juristas que él mismo elige entre sus afines. Ocurrió por ejemplo cuando el Consultiu advirtió a Educación de las irregularidades de un concurso para contratar inspectores educativos que, finalmente, salió adelante para ser desmontado en los tribunales. O cuando el informe jurídico de un técnico fulgurantemente trasladado al Institut de la Dona (por obra y gracia del vicepresidente Gómez) sirvió al Consultiu para despedazar la polémica Ley de Símbolos, que lejos de ser abortada cual Gallardón salió adelante en el Parlament solo con votos del PP. Tampoco obtuvo el Govern gran respaldo con los abogados del Parlament, que se revolvieron contra una Ley de Presupuestos empleada irregularmente para colar modificaciones legales e impuestos, recortes y tasas de nuevo cuño.
Dimisiones en puestos clave
La persistencia en la derrota y el error ejecutivo explican muchas de las dimisiones de técnicos de máximo nivel que ocupaban puestos fundamentales: en tres años, Bauzá ha logrado el hito de nombrar tres interventores generales distintos (Marques, Valdivieso y Bonet). Y si da que pensar el hecho de que cambie tres veces al máximo responsable de fiscalizar la gestión del Govern, más reflexión exige otro monumento a "la seguridad jurídica" de Bauzá: el IB-Salut, que consume una tercera parte del presupuesto autonómico, ha visto salir en tres años a seis secretarios generales, antes de que Bauzá acabase poniendo en mayo al frente de la gestión sanitaria a un abogado y exmagistrado de la Audiencia. Quizá él sí tenga mano con los jueces.
Aunque la experiencia del exmagistrado Jesús González no garantiza que aguante la acción legisladora de Bauzá, asistido por una directora de la Abogacía de la Comunidad, Antònia Perelló, cuyo mayor (y casi único) éxito está relacionado con una cuestión personal del president: la decisión del Tribunal Superior de declarar el president compatible con la farmacia a la que su Govern paga 3.000 euros al día (aunque con el voto particular en contra de un magistrado que tritura la sentencia de sus compañeros y con la amenaza de otro proceso abierto por Esquerra Unida). Y si la Justicia falla, como cuando el Supremo declaró "nulo de pleno derecho" el edificio junto al Parc de la Mar en el que Bauzá tiene un piso de valor millonario, el president siempre puede recurrir a un alcalde de su partido, Mateu Isern, para modificar el Plan General de Palma y pasarse por el forro de la hipoteca la decisión del más Alto Tribunal.
Menos suerte tiene el president con los ingresos de los demás, incluso cuando esos demás son amigos. Así le revocaron la subida de sueldos a los miembros de su gabinete personal, una decisión del Tribunal Superior que tuvo replica este mismo mes, cuando la sala frustró el intento del Govern de los recortes (para los demás) de subir el sueldo de los directores de los parques naturales con un complemento específico. Bauzá y la Abogacía más derrotada de la Comunidad mordieron el polvo, claro, demostrando que lo más seguro en el Govern de la inseguridad jurídica es el fracaso judicial. Pero repriman la carcajada: pagan ustedes. Por contribuyentes.
