La modificación que estudia la parte socialista del Ejecutivo es recuperar las mismas penas que existían desde 2010 en caso de violencia o intimidación.Y manteniendo el consentimiento en el centro del régimen penal. Pero eso no convence en absoluto al ministerio de Irene Montero. Creen que supondría atentar, precisamente, contra el núcleo de la ley, el consentimiento.