En funciones desde 2018, el colapso real del Poder Judicial comenzó en marzo del año pasado, cuando el Gobierno acordó limitar su competencia para elegir a los magistrados que le corresponden.

En algo más de año y medio, esta medida ha dejado en cuadro a tribunales como el Supremo o el Central Militar, donde por quedarse, se han quedado hasta sin sala de Gobierno.

Cada jubilación, cada baja, supone una silla vacía, una carga de trabajo para otros magistrados y un inevitable retraso en la resolución de causas pendientes, lo que incide directamente en los ciudadanos.