Un agente de la Guardia Civil aceptó este miércoles una condena de casi diez años de prisión por abusos sexuales a dos adolescentes a los que pagó por mantener relaciones. Con uno de ellos elaboró material pornográfico y además tenía en su domicilio, en el cuartel del instituto armado, unos 50.000 archivos pedófilos. El guardia, de 54 años y que fue suspendido tras su detención y será ahora expulsado del cuerpo, se declaró autor de cinco delitos tras el pacto alcanzado entre su abogado, Diego Marín, y la fiscal para rebajar la petición inicial de casi 30 años de cárcel.

Respondiendo con monosílabos a las preguntas de la acusación, el procesado admitió íntegramente ante el tribunal todos los hechos. El pacto incluye apreciar una atenuante de reparación del daño, porque hace unos días consignó 20.000 euros para indemnizar a las víctimas. El agente deberá ingresar en prisión en cuanto el tribunal dicte la sentencia formalmente por delitos de abuso sexual, inducción a la prostitución, corrupción de menores, captación de menores para elaboración de pornografía infantil y posesión de material pedófilo.

Los hechos ocurrieron durante el año 2020. El guardia civil, de 54 años, estaba destinado el destacamento de Tráfico y vivía en el cuartel de Inca. A través de una aplicación de citas, contactó con un menor de 15 años. Estuvieron charlando durante algunos meses a través de WhatsApp hasta que el acusado, gracias a su insistencia, logró concertar un encuentro para mantener relaciones sexuales. El agente le prometió a cambio un teléfono Iphone.

Así, en diciembre de ese año quedaron en la estación de tren de Inca y el guardia llevó a la víctima en su coche a una zona apartada y abusó de él. Le dio 80 euros, pero le dijo que debían quedar de nuevo si quería el móvil. El menor se negó y el acusado, días después, le dio el aparato. El adolescente acabó ingresando en un centro de protección poco después, cuando los servicios sociales detectaron su situación de desamparo. 

De hecho, en esas mismas fechas el guardia civil utilizó la misma aplicación de contactos para llegar a otro menor de 17 años y conseguir que le enviara fotografías y vídeos suyos de contenido sexual. El agente se aprovechó de su vulnerabilidad porque la víctima tiene una discapacidad mental. Consiguió concertar encuentros también con este adolescente para abusar de él al menos en dos días diferentes. El procesado grabó vídeos y tomó fotografías del chico durante estos encuentros y le entregó un anillo como pago por estas citas.

El acusado fue detenido a finales de abril de 2021 tras la denuncia presentada por los tutores de la primera víctima. La Policía Judicial de la Guardia Civil se encargó de la investigación y llevó a cabo un registro en el domicilio del hombre, en el cuartel de Inca. Allí encontraron, en cuatro dispositivos electrónicos, unos 50.000 archivos de pornografía infantil que al parecer había descargado de Internet y varias fotografías de uno de los adolescentes de los que abusó. No consta que compartiera este material con otras personas.

La Fiscalía imputó al acusado seis delitos por los que reclamó penas que sumaban 29 años y 9 meses de cárcel, así como indemnizaciones de 30.000 euros para cada una de las víctimas. El ministerio público rebajó esta petición tras alcanzar un acuerdo de conformidad con el abogado defensor hace unas semanas. La pena queda fijada finalmente en nueve años y ocho meses de prisión y las compensación, en 10.000 euros para cada perjudicado.