Las autoridades dominicanas pidieron la extradición de un hombre de nacionalidad española por disparar a una mujer en Santo Domingo. Tras ser puesto a disposición judicial, la Audiencia Nacional decretó su puesta en libertad con medidas cautelares. Entre estas se encuentran la retirada del pasaporte, la prohibición de salir del territorio nacional y la obligación de presentarse en el juzgado cada 15 días.
Los supuestos hechos que se le atribuyen ocurrieron el pasado 27 de febrero del presente año en Santo Domingo. Tras una discusión familiar, este hombre, de 41 años, habría sacado un arma de fuego y habría disparado a una mujer en un pie.
A raíz de este incidente, un juzgado de la República Dominicana solicitó su extradición por un presunto delito de «homicidio» (sic). Dicha petición fue cursada a las autoridades españolas.
El Grupo de Localización de Fugitivos de la Policía Nacional localizó a este hombre en Palma. Agentes del Grupo de Delincuencia Internacional de la Jefatura Superior de Balears averiguó que esta persona residía en el barrio palmesano de Bons Aires.
A partir de este momento se montó un operativo especial para irrumpir en su domicilio. Ante lo que se perfilaba como la detención de un supuesto fugitivo «armado y peligroso» se requirió la actuación de agentes de la Unidad de Prevención y Reacción (UPR) de la Policía Nacional.
Después de adoptar las pertinentes precauciones, los agentes irrumpieron en el inmueble y procedieron a la detención del sospechoso. Sin embargo, la imagen de peligrosidad con la que se había presentado a este supuesto fugitivo no tardó en volatilizarse.
Se da la circunstancia de que este hombre de 41 años, de origen dominicano, tiene fijada su residencia en Palma desde hace unos treinta años. De hecho posee la nacionalidad española y es padre de cuatro hijos. De hecho solo habría acudido a Santo Domingo de vacaciones a ver a su familia. Al producirse una discusión, habría sacado un arma de fuego con la que habría disparado y le habría causado las lesiones a la mujer.
Arraigo en España
La petición de extradición por un presunto delito de homicidio hacía constar que se podría enfrentar a una pena de treinta años de prisión. Al ser puesto a disposición judicial el miércoles ante el Juzgado Central de Instrucción de la Audiencia Nacional, el detenido, asistido por el abogado Pedro Cerdà, hizo hincapié en su arraigo en España. En este sentido el arrestado recalcó durante su comparecencia que está en posesión de la nacionalidad española, es padre de cuatro hijos también españoles y tiene un trabajo estable fijo, que podría perder de ingresar en prisión.
Asimismo el letrado abundó ante el juez que los hechos presentados no se correspondían con un presunto delito de homicidio. A su juicio, serían a lo sumo compatibles con lesiones dolosas. Además, el hecho de ser ciudadano español le habilita para ser juzgado en territorio nacional. A tenor de estos hechos, el juez decretó su libertad con determinadas medidas cautelares.
