La Fiscalía Anticorrupción ha modificado sus conclusiones definitivas en el juicio que se sigue en la Audiencia Nacional contra cerca de 50 personas por la rama de los 'Ángeles del Infierno' asentada en Mallorca para incluir rebajas de pena por dilaciones indebidas a todos los encausados y para añadir la atenuante analógica por el reconocimiento de los hechos en todos aquellos casos en los que se ha llegado a pacto, 34 de los procesados.

De esta forma, el juicio, que se celebra en la sede de la Audiencia Nacional de San Fernando de Henares, se aproxima a su fin dado que, tras el anuncio de rectificación de conclusiones enunciado por el Ministerio Público, las defensas han elevado a definitivas las suyas pidiendo la libre absolución de sus representados. Se espera que este viernes, tras los informes de todas las partes y la última palabra de los encausados, el tribunal deje el caso visto para sentencia.

El Ministerio Público ha señalado que además han subsanado errores materiales y aritméticos del escrito de acusación y han matizado determinados delitos para ajustarlos, como el delito de omisión del deber de denunciar que pesaba sobre uno de los principales investigados, Abdelghani Yousafi, y que ha sido sustituido al considerarle inductor y no autor.

Además, han informado de que el nuevo escrito ya contempla la modificación de las penas para los conformados --los que llegaron a acuerdo con la Fiscalía--. Cabe recordar que se sustituyeron las penas de prisión por multas con cuotas diarias de 4 euros.

En concreto, por cada año de prisión, los encausados conformados deberán hacer frente al pago diario de una multa de 4 euros durante 24 meses, siempre el doble de meses de los que se solicitaban de prisión.

Por otro lado, desde el Ministerio Público se ha informado a la Sala de que se ha incluido a dos acusados más que no estaban incluidos en el primer escrito pero que sí fueron añadidos a la celebración de la vista, y de que retiraban la acusación para una de las encausadas, Barbel Charlotte Brautigam. Además, han anunciado la retirada parcial de la acusación por el delito de falsedad documental para el sargento de la Guardia Civil José francisco Valenzuela.

Hannebuth, el líder

Cabe recordar que la vista oral arrancó el 23 de enero para enjuiciar a miembros y colaboradores de esta rama de la banda motera 'Los Ángeles del Infierno' asentada en Mallorca por más de una decena de delitos que van desde la organización criminal al tráfico de drogas o el blanqueo de capitales.

El auto de procesamiento dictado en su día por el juez instructor Eloy Velasco situaba a la cabeza de la organización al ciudadano alemán Frank Hannebuth --uno de los acusados que no ha llegado a conformidad con la Fiscalía--, hasta entonces líder del grupo en Hannover y considerado como uno de los principales dirigentes de los 'Hells Angels' en Europa.

No obstante, Hannebuth habría contado con la ayuda de Khalil Yousafi y su hermano Abdelghani, dos lugartenientes que le habrían facilitado el desembarco en Mallorca junto a otro "grupo de adláteres".

De acuerdo con el relato judicial, "los acusados son un conjunto de personas asentadas en la isla de Mallorca que se integraban en una organización delictiva de ámbito internacional y que gira en torno a un club de moteros mundial conocido como 'Hells Angels Motors Club' (HAMC)". La mayoría de ellos, según explicaba el fiscal en su escrito de acusación, "ostentaban un alto nivel de vida" y eran propietarios a través de personas interpuestas de bienes muebles e inmuebles.

HAMC, fundada en 1948 en Estados Unidos, funcionaría por "capítulos", aparentes "grupos autónomos" que "en realidad se circunscriben dentro de una sólida estructura jerárquica" que ejerce "un control interno de forma coactiva o violenta".

"Los miembros de la HAMC están involucrados en delitos graves", que en este caso se han traducido en acusaciones por organización criminal, blanqueo de capitales, tráfico de drogas, detención ilegal, tenencia ilícita de armas, prostitución, amenazas, coacciones, extorsión, falsedad documental, encubrimiento, omisión del deber de perseguir delitos, violación de secretos y cohecho.

La Fiscalía Anticorrupción, en su escrito, ponía el foco en que la actividad criminal del grupo se basaba especialmente en el uso de la violencia y la intimidación como "parte intrínseca" de su conducta y reputación. Apuntaba que sólo con la violencia lograban expandir sus 'capítulos' en territorios de otras organizaciones consiguiendo así mercados nuevos.

Además, gracias a esa violencia ejercían la extorsión en sus zonas controladas y llevaban a cabo acciones de represalia por incidentes previos.

Desarticulada en 2013

La investigación del Juzgado Central de Instrucción 6 permitió descubrir la implantación de uno de estos "capítulos" en Mallorca, en una primera fase desde 2009 hasta que se disolvió en 2011 y conformada principalmente por miembros llegados de Turquía. Y, en una segunda fase, desde finales de 2012 hasta que fue desarticulada en 2013, la banda operaba principalmente con miembros procedentes de Alemania.

Una de las principales actividades delictivas y fuente de financiación de la trama era la prostitución. Según el juez Velasco, los miembros de la banda traían a España a mujeres con apariencia de turistas y las obligaban a ejercer de forma coactiva.

El equipo de fiscales, en su escrito de acusación, añadía que esta implantación de 'HAMC' en Baleares fue consecuencia de la estrategia de la banda a nivel europeo, "motivada por su situación geográfica, existencia de negocios de alterne, posibilidad de blanqueo de capitales y el tráfico de drogas, y la presencia de población residente extranjera, que facilitaba las prácticas de extorsión".

'Los Ángeles del Infierno' y sus colaboradores buscaron todo tipo de actividades que pudieran ofrecerles un beneficio económico. De ahí que participaran en operaciones de blanqueo de capitales, de extorsión o estafas mediante la creación de empresas con apariencia legal con las que obtener créditos ICO.

Elaborada gestión y reparto de tareas

Al parecer, la organización contaba con una elaborada gestión, con un reparto de tareas y múltiples colaboradores, entre los que se encontraban un miembro de la Policía Local de Palma, un agente de la Policía Nacional y un guardia civil.

El juzgado apuntaba a una "concertación delictiva entre los diferentes miembros de la organización criminal en la preparación y ejecución de los delitos a los que, con permanencia temporal y cierto reparto de papeles, se dedican".

Los fiscales explicaban que desde su implantación en 2009 se sucedieron diversas actuaciones policiales contra sus miembros o contra personas relacionadas con la organización. Y recordaban por ejemplo que varios fueron investigados por un delito de homicidio en grado de tentativa y atentado a agentes de la autoridad, que otros fueron imputados por delitos de desórdenes públicos y lesiones con arma blanca, y que también se investigaron casos de extorsión relacionados con ellos.