El edificio de la calle Torre d'en Bibiloni, en la barriada palmesana de Foners, que el miércoles tuvo que ser desalojado por grave riesgo de derrumbe, tendrá que ser apuntalado de forma provisional en un plazo de quince días. La administración del edificio tiene un mes para presentar un informe detallado sobre el estado del inmueble, en función del cual el Ayuntamiento decidirá si los vecinos pueden volver o no a sus casas. Mientras tanto, los 45 residentes, entre ellos varios niños, han tenido que instalarse en casas de amigos o familiares.

Según ha informado esta mañana Joan Riera, gerente de Urbanismo del Ayuntamiento de Palma, en el año 2020, en el transcurso de una inspección técnica de edificios, ya se detectaron daños estructurales en la finca, por lo que se ejecutaron unos apuntalamientos provisionales mientras se llevaba a cabo un estudio a fondo del estado del inmueble para una propuesta de medidas de reparación.

"El Ayuntamiento no tuvo noticia de más actuaciones hasta anteayer", explica el gerente de Urbanismo, "cuando se produjo un desprendimiento que alarmó a los vecinos, que contactaron con el administrador y este a su vez con el Ayuntamiento y los Bomberos".

Los técnicos realizaron entonces una nueva inspección y decidieron desalojar a las quince familias que residían en el edificio, que ha quedado clausurado y precintado, debido a que presentaba un alto peligro de derrumbe.

Los desalojados son 45 personas, entre ellas varios niños. La mayoría se instalaron desde la primera noche en casas de vecinos y familiares. Solo ocho personas requirieron inicialmente un alojamiento a los Servicios Sociales del Ayuntamiento. Finalmente ninguno ha hecho uso de la oferta de alojarse en centros de acogida que les ha hecho el Ayuntamiento.

Los técnicos del Servicio de Protección de Edificios realizaron ayer nuevas inspecciones que se han plasmado en un informe sobre la situación estructural de la finca, que contempla, entre otras medidas, la prohibición provisional de residir en el inmueble. La comunidad tiene un plazo de quince días para apuntalar el edificio y un mes para presentar un informe de un técnico sobre el estado de la finca, en función del cual el Ayuntamiento decidirá si puede volver a ser habitada y qué medidas hay que tomar.