La Policía ha detenido en Palma a un empresario pakistanía, más otras tres personas, que se dedicaban a tramitar contratos ficticios de trabajo a inmigrantes, a través de dos negocios de su propiedad. Además de un delito de falsedad documental, también están acusado de favorecer la migración ilegal, delito tributario y contra la seguridad social.
Según señalaron ayer fuentes policiales, esta operación, bautizada como “Debut”, fue realizada por la Brigada de Extranjería. Se descubrió la existencia de dos empresas, con negocios de carnicería y frutería en Palma, propiedad de uno de los detenidos, que al margen de la actividad propia de venta de productos, también estaría tramitando de forma irregular contratos ilegales de trabajo para migrantes, que estaban en situación ilegal, para lograr legalizar su situación, o para beneficiarse de la prestación económica por desempleo.
Los dos negocios investigados son de tamaño pequeño, donde solía trabajar el dueño, su mujer y en ocasiones un empleado. Sin embargo, a la Policía le llamó la atención el gran volumen de personas que se había contratado en estos negocios, lo que levantó todas las sospechas por si se trataba de contratos falsos de trabajo. Así, tras continuar con la investigación se averiguó que, presuntamente, este empresario realizaba contrataciones ficticias, a cambio de una contraprestación económica, para que estos migrantes pudieran presentar estos documentos en la Oficina Única de Extranjeros. Estos documentos los utilizaban para regularizar su situación en España, ya que una de las exigencias es que estos extranjeros en situación ilegal dispongan de contratos, o precontratos, de trabajo de 40 horas semanales y de un año de duración.
A través de este sistema de falsificación tres de los detenidos consiguieron obtener, o renovar, su permiso de residencia. Otros dos, en cambio, lograron cobrar el desempleo, tras una cotización falsa, pero que le daba derecho a recibir esta prestación social.
La pasada semana la Policía procedió a la detención de estas personas, con el empresario a la cabeza. En el operativo también actuaron inspectores de Sanidad, que realizaron una comprobación sanitaria de los dos comercios, la carnicería y la frutería. La inspección concluyó con una propuesta de cierre, ante las graves irregularidades y deficiencias detectadas.
En estos momentos la operación policial sigue abierta. No se descartan nuevas detenciones, ya que se están buscando nuevas contrataciones irregulares.
Todo el atestado ha sido ya entregado al juez.
