El juez de guardia ordenó el pasado miércoles el destierro de Mallorca de las 17 personas que fueron detenidas, por formar parte de una organización que se dedicaba a robar carteras a los turistas, para después saquearles el dinero a través de los cajeros automáticos. El magistrado Enrique Morey les dio un plazo de 24 horas para que salieran de Mallorca, ya que de lo contrario ingresarán en prisión.

Esta banda de carteristas la formaban doce hombres y cinco mujeres. Todos ellos son de nacionalidad rumana, con edades que se sitúan entre los 20 y 53 años. La mayoría de ellos tienen antecedentes policiales.

Hacia varios meses que la Policía venía detectando un aumento espectacular de hurtos, un dato obtenido a través de las denuncias presentadas por las víctimas. Una situación que hacía sospechar que estaba actuando un grupo organizado, que se había desplazado específicamente a la isla para delinquir, aprovechando la temporada turística. 

Esta situación justificó el inicio de una investigación, que asumió la Comisaría Centro de Palma. Los policías comprobaron que la mayoría de víctimas eran turistas de avanzada edad, que podían ofrecer muy poca resistencia a los robos que sufrían. Los delincuentes utilizaban las carteras que robaban para realizar compras con las tarjetas de crédito, o para obtener dinero en metálico a través de los cajeros automáticos. Ello se debe a que muchas de las víctimas tenían anotada su contraseña bancaria en la propia tarjeta de crédito, lo que facilitaba que los ladrones les robaran el dinero .

Pronto las sospechas se centraron sobre un grupo de individuos, muchos de ellos fichados, de nacionalidad rumana. Algunos eran viejos conocidos de la Policía, ya que habían sido detenidos en anteriores ocasiones por delitos de hurto. La operación policial que terminó con este grupo de carteristas se desarrolló el pasado martes. Se trató de una operación coordinada entre varios grupos, debido a que los sospechosos residían en distintas ubicaciones. De todo el operativo se informó al juzgado, que autorizó tres registros domiciliarios. Uno de ellos se realizó en un piso, donde vivían varios de los sospechosos. Los otros dos registros se realizaron en las habitaciones de hoteles donde pernoctaba el resto del grupo. Las pruebas encontradas en estos registros eran claras y demostraban su implicación en esta oleada de robos.

Los investigadores llegaron a la conclusión de que los detenidos formaban parte de un grupo de delincuentes itinerantes. Se desplazaban por diferentes zonas turísticas de todo el país, con el mismo propósito de asaltar a turistas.

En los registros domiciliarios se recuperó dinero en efectivo, en diferentes monedas. También se encontraron las ropas que utilizaban los individuos para mezclarse entre los turistas.