«Todo fue una aberración. El sargento disparó en abanico hacia la izquierda y mató a mi hijo, pero podía haber matado a muchos más». Con estas palabras Juan José Jiménez, padre del legionario mallorquín Alejandro Jiménez Cruz, expresó ayer su indignación por el presunto comportamiento negligente del suboficial, que le costó la vida al joven mallorquín de 21 años.

El juicio que se celebra en el Tribunal Territorial Militar Segundo, con sede en Sevilla, se encuentra en su recta final. La familia de la víctima se ratificó ayer, en sus conclusiones, en su petición de 34 años de prisión para el principal acusado y presunto autor material de la muerte de Alejandro Jiménez.

El joven mallorquín falleció el 25 de marzo de 2019 durante unas maniobras realizadas por la Legión, con base en Almería, en el campo de maniobras de Agost, en Alicante. La familia de Alejandro, que ejerce la acusación particular, solicita penas de prisión para ocho militares, que estuvieron presentes en dichas maniobras. Mientras que el fiscal solo acusa al sargento, a un teniente y a un capitán y retiró la acusación contra otro de los tenientes encausados.

El juicio comenzó el pasado 14 de febrero con la comparecencia del sargento de la Brigada de la Legión Saúl Antonio Guil. El fiscal también le considera el presunto autor material de la muerte del legionario mallorquín y solicitaba para él penas que sumaban siete años de prisión.

Cuando la vista oral se encuentra en sus postrimerías, el padre de Alejandro expresó su profundo malestar e indignación por el comportamiento de todos los militares que se han sentado en el banquillo de los acusados. «Todos han mentido», recalcó.

Ocultación de pruebas

Juan José Jiménez arremetió ayer con dureza contra el ejercicio en el que falleció su hijo. «La palabra negligencia se me queda muy pequeña en comparación con lo que pasó ese día», abundó.

El padre de Alejandro Jiménez Cruz anunció ayer la intención de elevar la causa a la Sala Militar del Tribunal Supremo "sea cual sea el resultado de la sentencia" que dicte el Juzgado Militar Territorial Segundo, con sede en Sevilla. «El dinero de la indemnización es lo que menos me importa. Lo que quiero es que los acusados asuman toda la responsabilidad por la muerte de mi hijo y cumplan penas de prisión por lo ocurrido», recalcó.

En el transcurso del juicio salieron a relucir toda una serie de intentos de ocultación de pruebas de lo acontecido en las maniobras de Agost a los investigadores de la Guardia Civil. No obstante los expertos en balística del instituto armado lograron reconstruir en detalle cómo habían ocurrido los hechos y la trayectoria que había hecho el proyectil.