La Sección Primera de la Audiencia De Palma ha condenado este lunes a tres años y ocho meses de prisión a un padre por abusar sexualmente de su hija de 13 años, al aprovecharse de la custodia compartida. Este delito se habría prolongado durante tres años. El procesado, ecuatoriano de 44 años, ha consignado antes de la celebración del juicio 6.000 euros en concepto de responsabilidad civil. Este hecho ha sido valorado como una atenuante muy cualificada de reparación del daño y la fiscal ha accedido a rebajar su petición inicial de seis años de cárcel.
Los hechos que se han juzgado la mañana de este lunes tuvieron lugar desde finales de 2019 hasta principio de 2021. El padre se aprovechaba de la custodia compartida de sus hijos para abusar de la chica de 13 años. Estos tocamientos se producían varias veces por semana cuando la menor se encontraba dormida. El progenitor se colocaba encima de su hija y le tocaba los genitales. La víctima le mostraba su oposición girándose o tapándose con la manta para que desistiera.
Pese a la reiterada negativa de la adolescente, el padre habría proseguido los abusos sexuales a su hija hasta 2021. La víctima, hastiada por el comportamiento de su progenitor, decidió contarle a su madre lo sucedido cuando el progenitor la tenía bajo su custodia. Finalmente, el 15 de abril de dicho año, madre e hija denunciaron os presuntos abusos del padre de la menor sobre esta y, al día siguiente, se el juez dictó una orden de protección..
Con carácter previo a la celebración de la vista, en la Sección Primera de la Audiencia de Palma, la defensa del procesado y la fiscal han alcanzado un acuerdo de conformidad. Fruto de este pacto, la representante del ministerio público ha rebajado la petición de prisión de seis a tres años y ocho meses. Para ello ha tenido en cuenta que el procesado había consignado en el juzgado 6.000 euros para hacer frente a la responsabilidad civil. Este hecho ha sido considerado como una atenuante muy cualificada de reparación del daño.
La sentencia dictada 'in voce' por la presidenta del tribunal ha fijado la condena en esos tres años y ocho meses por un delito continuado de abuso sexual. También se le impuesto una orden de alejamiento de 500 metros de la menor durante 12 años. La resolución judicial también contempla la libertad vigilada durante siete años, con la obligatoriedad de someterse a un curso de educación sexual. Durante ocho años, se le ha retirado al procesado la patria potestad de sus dos hijos. Al anunciar las partes su intención de no interponer ningún recurso, dicha sentencia ha sido considerada firme.
