Una empresa sin autorización prestaba supuestos servicios de seguridad privada en al menos tres obras del barrio palmesano de Nou Llevant, pese a no estar habilitada para ello. Tras esta tapadera, se ocultaba una presunta extorsión, camuflada como protección, para evitar robos. La Policía Nacional ha propuesto para sanción a esta sociedad, a dos trabajadores y dos constructoras que les había contratado. Por este motivo, la entidad se enfrentaría a una multa de entre 30.000 a 600.000 euros.
Esta empresa no contaba con la preceptiva autorización para prestar servicios de seguridad privada. Sin embargo controlaba los accesos y el mantenimiento de vallas en obras de Nou Llevant en unos horarios en los que ya no trabajaba ningún operario. Detrás de esta supuesta tarea de vigilancia había un clan de la zona. Estos les realizaban una oferta que no podían rechazar. O bien pagaban esta supuesta protección o bien comenzarían a sufrir robos.
A pesar de esta irregularidad, al menos dos constructoras, involucradas en tres importantes obras en el barrio, habrían accedido a sus pretensiones y habrían contratado sus servicios. A la hora de hacer las cuentas, estas firmas consideraban que les resultaba más económico hacer frente a estos pagos. De hecho les pagaban cuatro veces menos de lo que desembolsarían al contratar a una empresa de vigilancia autorizada, con todos los papeles en regla.
Sin autorización
Tras las pesquisas, los investigadores de la Unidad Territorial de Seguridad Privada de la Policía Nacional detectaron numerosas infracciones en torno a esta empresa. Las supuestas labores de vigilancia las realizaba sin contar con la más mínima autorización oficial para llevarla a cabo.
Así, la supuesta empresa de seguridad se enfrentaría a una multa de entre 30.000 a 600.000 euros. Mientras que las constructoras que contrataron sus servicios sin que estas estuvieran habilitadas para ello afrontan una sanción comprendida entre 20.000 y 100.000 euros. Finalmente los trabajadores que ejercían aparentemente de vigilantes de seguridad sin serlo se exponen a una multa de entre 6.000 y 30.000 euros.
La Ley de Seguridad Privada considera una infracción muy grave la prestación de este tipo de servicios por parte de una empresa sin autorización. En este sentido las constructoras que las habían contratado habrían incurrido en el mismo tipo de infracción. Otro tanto ocurriría con los trabajadores que ejercían de vigilantes de seguridad sin serlo.
En los carteles, donde aparecía el escudo del pueblo gitano, se decía que las obras estaban protegidas por ellos.
