"Me tocó y a mi compañera de habitación le hizo lo mismo; cuando salíamos de la ducha y nos íbamos al dormitorio entraba sin llamar a la puerta; ocurría todos los días”. Este relato se escuchó ayer en una sala de vistas de la Ciudad de la Justicia de Vigo, la del Juzgado de lo Penal número 3. Quien lo realizó fue una mujer con discapacidad intelectual que en 2020, durante la época más dura del estado de alarma que obligó al confinamiento domiciliario, fue supuestamente víctima de abusos sexuales por parte de un monitor en el piso tutelado donde residía junto a otros compañeros.
La víctima no estaba presencialmente en la sala de vistas. Sus manifestaciones se escucharon gracias a una grabación realizada ya durante la fase previa de instrucción judicial y que se constituyó como prueba preconstituida precisamente para poder ser visualizada y escuchada con todas las garantías en el juicio y evitar así que la mujer tuviese que volver a declarar por estos mismos hechos. Igual que su relato, se escuchó, también como prueba preconstituida, el de su compañera de habitación, la otra víctima de este caso de abusos sexuales que presuntamente se produjeron entre marzo y junio de 2020, coincidiendo con la época en la que el Gobierno central decretó el estado de alarma tras irrumpir la pandemia del COVID.
En una fundación
El acusado era un monitor que había sido contratado por una fundación que trabaja y atiende a personas con discapacidad intelectual –cuyo nombre no se divulgará para proteger la identidad de las víctimas– y que, a raíz de decretarse el confinamiento, se incorporó como personal de apoyo en un piso tutelado donde residían un grupo de usuarios, entre ellos las dos perjudicadas. La Fiscalía, que le acusa de un delito continuado de abuso sexual a estas dos mujeres, solicitaba en su escrito de calificación provisional que sea condenado a 5 años de prisión, así como que se le prohíba acudir o participar en eventos o actividades destinadas a menores. También pide penas de alejamiento, su sometimiento a un programa de educación sexual y que indemnice a cada un de las dos mujeres con 6.000 euros por daño moral.
Él lo negó todo. “Mi intención es declarar y defenderme”, manifestó al inicio de su intervención. Tras indicar en un principio que la acusación en su contra pudo ser consecuencia de “malentendidos” o de una falsa “percepción”, a continuación llegó a declarar que creía que una de las mujeres lo había denunciado porque ella estaba atraída por él y la “rechazó” y que la segunda denuncia, la de la otra usuaria, obedeció a “hacer el chorizo más gordo”. Ante la sorpresa del fiscal por este y otros comentarios vertidos en esta fase del interrogatorio, aclaró que lo que él pensaba es que las compañeras o incluso la dirección de la fundación la habrían “presionado” para que también formulase denuncia contra él.
