La trama delictiva desarticulada en 2016 que perpetró una millonaria defraudación de IVA en la compraventa de hidrocarburos mediante la comercialización ficticia de metales preciosos –materializada con un fraude tipo carrusel entre España y Portugal en el que entraron en juego más de medio centenar de empresas– ya tiene sentencia. Y además confirmada. Aunque la Fiscalía pedía inicialmente penas que sumaban 288 años de prisión para los 20 acusados, la confesión de los hechos por parte de los protagonistas de este entramado que tuvo una destacada presencia en Vigo redujo notablemente esa condena global de cárcel a apenas 30 años, aunque fijándose la indemnización a la Agencia Tributaria en los casi 23 millones de euros defraudados durante 2015 y 2016 a la Hacienda Pública. Ese ventajoso acuerdo de conformidad se fraguó y quedó sobre el papel en 2021 y ahora, en una sentencia con fecha de este mes de febrero, la Audiencia Nacional confirma dichas condenas, tanto a todas esas personas físicas como a las dos empresas de Valencia y Tarragona –que en su caso no llegaron a dicho pacto con la acusación pública– que jugaron el papel más relevante: Ital Refining S.L. y Meridium Petroleum S.L.
Tras retirar el fiscal la acusación de pertenencia a organización criminal y tener en cuenta para todos los acusados la atenuante muy cualificada de reconocimiento de los hechos, este entramado acabó siendo castigado en sentencia por delitos contra la Hacienda Pública, falsedad en documento mercantil y blanqueo de capitales. Stefano C., un empresario natural de Italia asentado en Valencia, estaba en la cúspide de esta trama, junto a un catalán, Rafael M.M., que con el paso del tiempo acabó rompiendo relaciones con el anterior y armando su propia trama. Y el principal socio del italiano fue un ourensano asentado en la céntrica calle Rosalía de Castro de Vigo, José Benito R.G., en cuyo piso fueron incautadas 16 láminas de oro de tres kilos de peso y algo más de 211.000 euros en efectivo. En la ciudad olívica vivían o trabajaban también otros cinco de los condenados: el responsable de una gestoría y una empleada; un abogado que “se erigió” como miembro destacado de la trama como administrador de sociedades y asesor fiscal; y dos mujeres vinculadas a José Benito, ya que una de ellas, natural de Albania, era su expareja y la otra, paraguaya, era su compañera sentimental al menos en 2016. Ambas ejercieron como testaferros en varias de las empresas implicadas.
Operativa
La sentencia de 2021 y la que se acaba de emitir ahora concluyen que los acusados idearon una operativa fraudulenta “con la finalidad de eludir el pago de ingentes cantidades en la liquidación del IVA de la actividad económica de compraventa de hidrocarburos”, que desarrollaron a través de las dos empresas condenadas en este "macroprocedimiento".
El caso
Una operación que data de 2016
Las detenciones y registros que derivaron en la desarticulación de esta trama fueron en 2016 en Vigo y otras ciudades.
Un entramado con 50 empresas
Junto a las dos principales, otras 50 empresas estuvieron implicadas en esta trama de fraude fiscal.
Una notable rebaja de las condenas
El fiscal pedía condenas que sumaban 288 años de cárcel, pero, tras confesar los acusados, la pena global se quedó en solo 30 años.
Para materializar el engaño a Hacienda, desarrollaron una actividad comercial paralela de compraventa de metales preciosos entre España y Portugal que, en realidad, era falsa. Ahí entraron en juego las denominadas empresas “pantalla”, empresas “instrumentales” o empresas “trucha”. Los paquetes que circulaban desde España hasta el país vecino y, desde allí, de nuevo de vuelta, no contenían nada de valor. Así se pudo comprobar en aquellas cajas que pudieron ser escaneadas por equipos de rayos X: en una, por ejemplo, en vez de soldadura de oro de 22 quilates, que era lo que se declaraba, había solo “sal o cúrcuma”. Los mismos paquetes se movían “en círculo” por Valencia, Vigo y Oporto semana tras semana y nunca “llegaron a los consumidores”. “Las cajas vacías o con contenido de ínfimo valor se transportaban para simular la realidad del comercio; la única razón que puede explicar este movimiento es justificar un IVA irreal”, concluyen los magistrados.
Blanqueo a través de la compra de oro o de patrocinios de equipos de motociclismo
El dinero defraudado circulaba a través de las cuentas bancarias de las distintas sociedades que conformaban el entramado. Al margen de los porcentajes que cada uno de los miembros de la organización se quedaba como pago por la labor que desarrollaban, el beneficio que se obtenía a través del IVA deducido ilegalmente era extraído del circuito monetario. Uno de los métodos de blanqueo que se usaron fue la compra de oro. El cabecilla italiano de la trama radicado en Valencia pactó con una empresa de su país el “fixing” de dicho metal precioso en el momento más oportuno para “maximizar la rentabilidad de la inversión” y, una vez concertado el precio, el envío de la valiosa mercancía se hacía a través de una empresa de transporte aéreo: se calcula que con este método adquirió 87 kilos de oro, 50 de los cuales fueron encontrados en el registro de la caja de seguridad que estaba a nombre de su mujer. En la casa del principal condenado de Vigo se hallaron asimismo otros tres kilos de este preciado metal, que también fueron incautados por la Guardia Civil en el registro domiciliario efectuado. Junto a otros métodos de blanqueo, como el desvío de fondos a Eslovenia o la adquisición de gasolineras, también se optó por patrocinar, se señala en la sentencia, a “varios equipos de motociclismo en las distintas categorías que componen el campeonato mundial”. Los acusados habrían invertido en la financiación de dichos equipos una cantidad próxima al millón de euros. Además, cuando se desarticuló el entramado estaba en vías de negociación, con un precio final ya pactado que ascendía a 1,4 millones de euros, la compra de un local comercial en Valencia. El fallo de la Audiencia Nacional no es firme y cabe recurso ante al Tribunal Supremo.
