Joaquim Benítez, el profesor de educación física del colegio de los Maristas de Sants-Les Corts de Barcelona, ha entrado finalmente en la cárcel más de 1.200 días después de ser condenado por abusar sexualmente de cuatro alumnos. En abril de 2019 fue sentenciado a 21 años y 9 meses por la Audiencia de Barcelona. Pero los sucesivos recursos que ha presentado lo han mantenido en libertad hasta el miércoles. El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha informado de que se presentó ayer en la cárcel de Puig de les Basses de Figueres a les 20.15 horas. Días antes, había dejado a su hermano gemelo, de quien se hacía cargo, en una residencia.

Tenía orden de ingresar voluntariamente antes del 24 de noviembre después de que el Tribunal Supremo ratificara su condena. Con Benítez entre rejas, comienza a cumplir su pena el único pederasta de los Maristas que ha sido castigado por la justicia. El resto, amparados por la prescripción de los delitos, no han sido juzgados.

Cifras de impunidad

A veces las cifras ayudan a ver las proporciones reales de las cosas y, en consecuencia, a entenderlas mejor. Con el Caso Maristas ocurre todo lo contrario. La investigación periodística de EL PERIÓDICO DE CATALUNYA, del grupo Prensa Ibérica, acabó haciendo aflorar 51 denuncias policiales contra 18 docentes (12 hermanos religiosos, cinco profesores seglares y un monitor de comedor) de los colegios de Sants-Les Corts, la Inmaculada y Anna Ravell (Barcelona), Champagnat (Badalona), Valldemia (Mataró) y Montserrat (Lleida) por hechos acaecidos entre 1962 y el 2018. Este diario, además, localizó a más víctimas que no presentaron denuncia y que habían cursado estudios en estos centros y otros de Vic o Girona. En total, más de un centenar de afectados. Pero ni los casos denunciados ni tampoco los publicados tuvieron eco en una justicia maniatada por un régimen de prescripción de los delitos ya superado y que el propio Caso Maristas ha ayudado a reformular.  

Sobre esta injusticia de fondo, el único profesor marista que las víctimas han podido perseguir legalmente ha sido Joaquim Benítez. Pero, más que suponer un alivio para las víctimas no consoladas por la justicia, el caso de Benítez se ha convertido en un broche nefasto. Convendría echar la vista atrás para recordar por qué. Con este docente seglar comenzó a desenterrarse en febrero de 2016 el escándalo de pederastia oculto en colegios religiosos concertados por la Generalitat. Ocurrió cuando Manuel Barbero, padre de una víctima de Benítez, abrió una cuenta de correos para que exalumnos del centro de Sants-Les Corts pudieran ayudarle a reunir nuevos testimonios que sustentaran la denuncia que había presentado su hijo. Aquello fue solo el principio. 

De la veintena de personas que acudieron a comisarías de los Mossos d’Esquadra a ajustar cuentas con su antiguo profesor de educación física, el mismo que los había encerrado en un despacho sin ventanas y había abusado sexualmente de ellos haciéndoles creer que los ayudaba a sanar de lesiones gracias a unos conocimientos espurios de fisioterapia, solo cuatro demandas, entre las que se contaba la del hijo de Barbero, pasaron el filtro de la prescripción. Bastaron para juzgar a Benítez, que en abril de 2019 fue condenado a 21 años y 9 meses de cárcel por abusos sexuales.

Confesión ante este diario

Benítez admitió haber abusado de alumnos en el colegio de Sants-Les Corts en sede judicial pero antes lo había hecho en dos entrevistas con este diario. En el juicio, además, declaró que actuó con impunidad porque se sintió "amparado" por los Maristas, institución a cargo del colegio. Una declaración ignorada por la justicia, que no quiso interesarse por la ocultación de tales delitos por parte de la orden, escudándose de nuevo en el régimen de prescripción. Benítez fue el único al que se le extendió una factura para pagar platos que habían roto entre todos durante décadas.

La condena que recayó sobre Benítez fue por cuatro delitos de abusos sexuales. En el caso más grave, el exprofesor practicó una felación al alumno, al que, además, pidió que le penetrara. En los otros tres supuestos, el procesado hizo una felación a un niño y tocamientos a otros dos. Quedó demostrado que siempre usaba el mismo patrón: con la excusa de tratar alguna lesión o molestia, convencía a los estudiantes para que acudieran a su despacho, les hacía estirar en la camilla y abusaba de ellos.

Condena severa

La condena a Benítez fue severa: 21 años y 9 meses de cárcel. A este diario no le constan sentencias más duras contra docentes en España por abusos sexuales. La pena no ha sido lo que ha convertido el proceso contra este profesor en un broche nefasto para el Caso Maristas. El problema ha sido que un pederasta denunciado por más de 20 alumnos y que pudo abusar de una cifra desconocida pero mucho mayor de víctimas no cumplió ni un solo día de cárcel preventiva a pesar de que confesó tales delitos. Y que, tras ser condenado por la Audiencia de Barcelona, siguió en libertad mientras se resolvían los sucesivos recursos que Benítez ha ido interponiendo hasta llegar al resuelto ahora por el Tribunal Supremo, que este miércoles ha ratificado al fin la pena al profesor.

La fiscalía y las acusaciones particulares razonaron que Benítez debía esperar entre rejas el curso de aquellas apelaciones porque estas, en realidad, estaban de acuerdo con una parte de la condena, aunque no con la totalidad. Si el propio reo, argumentaban en sus textos, creía que debía cumplir pena de cárcel –así lo manifestaba también públicamente el propio Benítez– no había motivo alguno para que siguiera en la calle. Pero la Audiencia de Barcelona no estuvo de acuerdo.

Un pederasta denunciado y confeso ha seguido en libertad más de 2.400 días después de las denuncias y de la confesión. Y un pederasta denunciado, confeso y condenado ha seguido en libertad más de 1.200 días después de la condena. Cifras que no ayudan a comprender el Caso Maristas. O quizá sí.