El repunte de violencia sexual, familiar y social de los menores de 18 años ya no es un mantra ni de las unidades policiales callejeras ni de los fiscales y jueces durante sus guardias, sino una realidad palpable pospandémica con cifras y datos objetivos. Ha sido la fiscal superior del TSJCV, Teresa Gisbert, quien trató el lunes de ponerle el cascabel al gato durante la presentación oficial de la Memoria Anual de la Fiscalía valenciana en las Corts.

Tras informar a los diputados a grandes rasgos –los detalles los expondrá en unos días ante la comisión de Justicia–, Gisbert puso el acento en el repunte de la violencia protagonizada por menores. Especialmente preocupante es la de los niños de menos de 14 años, límite de la edad penal. Por ello, la fiscal superior abogó por "rebajar la edad penal de 14 a 12 años en los delitos más graves. Es una realidad sobre la que hay que actuar ya", dijo en declaraciones a Levante-EMV, del grupo Prensa Ibérica.  

"Se trata de intervenir bajo la perspectiva de la reeducación, es decir, sin perder de vista el espíritu de la ley del menor, pero es evidente que no podemos no hacer nada ante una realidad que va a más". La reducción de la edad penal es algo que Gisbert ya defendió en 1996, cuando era la jefa de la Fiscalía de Menores.

Alicante archivó en 2021 uno de cada cinco asuntos con menores porque los autores tenían menos de 14 años

La alerta lanzada por la máxima representante del Ministerio Público en la C. Valenciana se basa en datos como el incremento de menores que protagonizan delitos sexuales, de violencia doméstica, de violencia machista, pero también de lesiones, riñas multitudinarias y contra el patrimonio, desde hurtos a robos violentos. "No es lo mismo un menor de un entorno normalizado que un día entra en unos grandes almacenes y roba algo, en cuyo caso esas diligencias personales acabarán casi seguro en un archivo, que menores, muchas veces menores de 14 años, protagonizan delitos muy graves como agresiones sexuales, agresiones en el entorno familiar, actos graves de violencia de género o robos violentos. En ese caso es necesario intervenir cuanto antes, sobre él y sobre su entorno familiar", defiende.

La memoria contiene datos escalofriantes en ese sentido. Como muestra, un botón: de las 1.620 diligencias preliminares abiertas por la Fiscalía de Menores de Alicante en 2021 (un 8% más que en el año de la pandemia), la quinta parte (340, un 20,9%) tuvieron que ser archivadas porque los autores tenían menos de 14 años, esto es, no son imputables con la ley actual. Un dato, de esos 340 delitos, cometidos por niños, 93 eran de lesiones, 42 de amenazas y 33 de violencia machista, por citar solo algunos ejemplos.

Un 52 % más de delitos

Hay más. La Fiscalía de Menores de València ha visto cómo los delitos protagonizados por adolescentes crecieron un 51,5% en 2021, al pasar de 911 a 1.380 en un año. Las agresiones sexuales cometidas por menores, por ejemplo, subieron mas de un 377%, es decir, casi se cuadruplicaron. Es más, los autores de al menos 16 de las 117 contabilizadas en 2021 tenían menos de 14 años. Gisbert recordó ayer que no solo es en el caso de los autores. También han observado que "cada vez hay víctimas niñas más pequeñas, de 12-13 años y alguna de diez. Eso significa que no lo estamos haciendo bien o que faltan cosas por hacer", ha constatado

Las violaciones cometidas por menores se cuadruplican en un año en València, con 117; en 16, los agresores tenían menos de 14 años

Sobre todo, ha advertido de la necesidad de "enseñar realmente a los menores en igualdad y empatía", ya que "tienen conceptos muy cosificados, retrógrados y machistas de la mujer y eso es un problema. El sistema funciona correctamente cuando llega la denuncia de la víctima, pero los jóvenes siguen adoptando unos roles muchas veces peores que los adultos".

La fiscal superior también habló del fuerte aumento de los delitos sexuales en todas las edades o de los relacionados con la violencia de género, sobre la que, dijo, hay que actuar aún más dadas las cifras. En ese terreno, se mostró especialmente crítica con la falta de utilización por parte de jueces y fiscales de herramientas implementadas por la Conselleria de Justicia como, por ejemplo, las unidades de valoración forense integral (UVFI): en Castellón, por ejemplo, donde los quebrantamientos de condena subieron casi un 20% en un año, los jueces no solicitaron ni un solo informe a esos equipos a lo largo de todo un año a la hora de valorar el riesgo que corría una víctima.