La sección segunda de la Audiencia Provincial de Córdoba acoge a partir de este lunes el juicio con jurado en el que se verá el caso del crimen de La Chica Carlota, unos hechos que ocurrieron en el año 2017 y por los que se juzga a dos personas para las que la acusación solicita la pena de prisión permanente revisable por delito de asesinato, además de otras por falsificación de documento mercantil, usurpación de estado civil, tenencia de armas prohibidas o estafa.
Para aclarar lo sucedido, el juez ha citado casi a cien personas, entre los que están los dos acusados, Joaquín, R. (abogado) y Pedro G. (presunto autor material de los hechos), vecinos, amigos de ambas partes, guardias civiles, peritos, forenses y especialistas en criminalística, química e ingeniería, entre otros. Las declaraciones está previsto que se prolonguen desde este lunes, día 20, en sesiones de mañana y tarde, con la posibilidad, incluso, de habilitar el sábado, día 18. En principio el inicio de la vista estaba previsto para el pasado lunes, día 6, pero la renuncia a su abogado de uno de los acusados y la necesidad de asignar el caso a uno de oficio, obligó al magistrado titular de la sección segunda a aplazar las declaraciones una semana para que el nuevo letrado pudiera documentarse. Aún así, el juez sí mantuvo la convocatoria de la constitución del jurado, lo que se produjo el pasado lunes, día 6 de junio, en la Ciudad de la Justicia cordobesa.
Los hechos que se juzgan se refieren al presunto asesinato de Juan Carlos Rodríguez Borrego, un hombre diagnosticado como enfermo mental, que en septiembre del año 2017 solicitó la defensa del primero de los acusados ante unas denuncias que había presentado por presuntos abusos sexuales. El letrado, que asumió su defensa, envió en su nombre al principal acusado, quien se hizo pasar por sacerdote, para, en teoría, ayudar al enfermo. Entre tanto, se habían ido ganando la confianza de la víctima, a la que le estaban pidiendo diversas cantidades de dinero. Los hechos se precipitaron, porque Juan Carlos, al parecer, buscó los servicios de otro abogado, lo que desencadenó en el homicidio del cliente, presuntamente a manos del falso sacerdote.
Juan Carlos se dio por desaparecido en septiembre del 2017 y su cuerpo fue hallado en agosto del año 2018 enterrado en su propio huerto, después de que el presunto homicida, que tenía algunas causas pendientes y antecedentes penales, fuera identificado con el vehículo del fallecido, su documentación y su tarjeta de crédito, con la que, además, había comprado todos los materiales necesarios para el asesinato y enterramiento de Juan Carlos (pico, carrillo, cinta, guantes, etcétera). Además, en posesión de P. G. también se halló documentación a nombre de un ciudadano colombiano, lo que hace pensar a la familia del fallecido que tenía intención de salir del país. En los registros de su domicilio fueron hallados más documentos del fallecido así como diversas armas.
El juicio se va a celebrar pocos días antes de que el único detenido cumpla los cuatro años que, como máximo, podría permanecer en prisión provisional (26 de junio), después de que el caso haya superado una compleja instrucción, con cambios de jueces, recursos y contratiempos diversos, que hicieron temer a la familia de la víctima que el recluso saliera en libertad antes de ser juzgado y pudiera huir.
Los últimos de ellos han sido la citada renuncia por parte del acusado Joaquín R. de su abogado, un recurso presentado ante el TSJA sobre el procedimiento, que le ha sido desestimado, y otro recurso, también desestimado en Madrid, ante la sanción impuesta por el Colegio de Abogados madrileño, por falta deontológica, al haber asumido la defensa del acusado, cuando todavía era abogado de la víctima.
