Una antigua sindicalista de Palma fue condenada ayer por séptima vez por vender contratos de trabajo falsos de una cooperativa para obtener subsidios de forma irregular. La mujer y otros cuatro acusados admitieron haberse concertado entre los años 2008 y 2012 para estafar a la Seguridad Social con los documentos fraudulentos y aceptaron pagar sendas multas de 540 euros y devolver las cantidades percibidas irregularmente, de hasta 11.700 euros.

Los procesados, para quienes la fiscalía reclamaba inicialmente hasta tres años de prisión, reconocieron que la sindicalista cobraba entre 200 y 350 euros a cambio de un contrato de trabajo falso en la cooperativa con el que posteriormente recibieron prestaciones de desempleo. La mujer, que llegó a ser detenida en 2009 en una operación de la Guardia Civil, acumula ya siete condenas por hechos similares.