La joven mallorquina encarcelada por el asesinato de su pequeña de dos años en Zaragoza había perdido la custodia de sus hijos por malos tratos en Mallorca y Girona. Vanesa M.P., de 29 años, tiene un largo historial en los servicios sociales de Balears, Cataluña y Aragón, donde entre 2012 y 2020 se detectaron situaciones de riesgo por agresiones y desatención. Tres de los cuatro niños estuvieron tutelados durante largos periodos. Un año antes del crimen, una sentencia devolvió los pequeños a la acusada, pese a un informe de los técnicos de Girona que la consideraba «irrecuperable» para hacerse cargo de ellos y reflejaba episodios graves de malos tratos relatados por los niños.
La mujer tuvo a su primera hija en Palma en diciembre de 2011. Solo tres meses después, los servicios sociales detectaron que la niña estaba «en situación de riesgo», según consta en la documentación recabada por la Policía Nacional. Los padres no colaboraron en el plan de trabajo diseñado por los técnicos y en julio de 2013 la pequeña fue declarada en desamparo y pasó a estar tutelada y acogida por otra familia. La niña volvió con su madre en octubre de 2014.
Vanesa M.P. inició una relación con otro hombre y en mayo de 2016 su hija dejó de ir al colegio en Mallorca. Coincidiendo con el nacimiento de su segundo hijo, la mujer y su pareja se mudaron con los niños a Lloret de Mar (Girona). Alertados por sus colegas de Palma, el Servei Bàsic d’Atenció Social (SBAS) del municipio catalán se interesó por su situación. En enero de 2017, la Direcció General d’Atenció a la Infància i la Adolescencia (DGAIA) de la Generalitat de Cataluña abrió un expediente de desamparo. En febrero de 2018, cuando nació su tercera hija -la pequeña fallecida en Zaragoza-, los servicios sociales volvieron a intervenir. Le quitaron la tutela de sus tres hijos tras considerar que estaba «inhabilitada para ejercer de madre», ya que carecía de «competencias básicas» y era «altamente negligente» con los niños. Los tres menores estuvieron viviendo con la suegra de la joven, que asumió su custodia con resultados «muy positivos», según los especialistas.
La mujer inició un procedimiento judicial para recuperarlos. Mientras, en noviembre de 2018 inició una nueva relación en Lloret con Cristian L.V., con quien tuvo a su cuarto hijo en diciembre de 2019.
La acusada consiguió que le devolvieran a sus hijos poco después. En febrero de 2020, el juzgado de primera instancia número 6 de Girona consideró que no había «indicadores de riesgo» y ordenó un plan de acoplamiento paulatino para que volvieran con la madre. Tras reanudarse el contacto, los técnicos evaluaron la situación durante meses y detectaron «hechos preocupantes». En un extenso informe, calificaban a la joven de «madre maltratadora» y emitían un «pronóstico de irrecuperabilidad», por lo que mostraron su desacuerdo con la sentencia. En varias entrevistas, tanto los pequeños como su abuela relataron episodios de malos tratos y torturas.
Vanesa M.P., Cristian L.V. y los cuatro niños se fueron a vivir a Zaragoza en agosto de 2020. Desde Girona se puso sobre aviso a la Instituto Aragonés de Servicios Sociales. Contactaron con la joven, pero ella se negó a colaborar y no acudió a las citas, por lo que el 30 de octubre de 2020 se solicitó la intervención de la Fiscalía de Menores. En el expediente judicial abierto tras la muerte de la niña no constan otras intervenciones.
La niña murió el 21 de enero de 2021, cuando estaba a punto de cumplir dos años. Fue la propia Vanesa M.P. quien alertó esa noche a los servicios de emergencias de que su hija no respiraba. Los efectivos sanitarios comprobaron que la niña tenía varios hematomas y nada pudieron hacer por ella. Los forenses encontraron en su cuerpo un centenar de contusiones, fruto de los malos tratos sufridos a lo largo del tiempo, así como evidencias de que la pequeña había consumido cocaína y cannabis de forma habitual. Vanesa M.P. y Cristian L.V. están en prisión provisional por asesinato.
