Un ciudadano polaco presuntamente sustrajo el pasaporte a su exesposa, de nacionalidad checa, y luego utilizó a una mujer que se parecía mucho a ella para oficializar ante el notario la supuesta venta de dos apartamentos en Santa Ponça que el matrimonio tenía en bienes gananciales. La víctima creía que había extraviado el documento de identidad y no tuvo constancia del expolio que había sufrido hasta meses más tarde. La fiscalía acusa al hombre de los delitos de falsedad, estafa y usurpación de estado civil, por los que reclama una pena de casi diez años de prisión.
La pareja, según explica la fiscalía en su escrito de acusación, se había casado en 2013 en régimen de comunidad de bienes. Ambos poseían participaciones en una empresa y dos apartamentos en Santa Ponça, adquiridos en 2016 y valorados en su escritura en 225.000 euros.
El matrimonio se separó ese mismo año, y aquí comenzaron los hechos que llevarán al hombre al banquillo de los acusados.
Según el escrito de acusación del fiscal, el marido llevó a cabo un «plan preconcebido» para despojar a su exmujer de la parte de las propiedades que le correspondían. Se hizo con su pasaporte y utilizó a una mujer con una «apariencia física similar» a la víctima. En agosto de 2016 se presentó con ella ante un notario de Calvià. La mujer se identificó con el pasaporte de su esposa.
La pareja inició entonces una serie de maniobras legales para transferir los dos apartamentos de Santa Ponça a nombre de la empresa que poseía la pareja, y posteriormente la mujer que suplantaba a la víctima vendió al acusado su parte de la compañía, manifestando que ya había cobrado por anticipado el dinero que le correspondía.
Mientras tanto, la víctima no sospechaba nada e incluso solicitó la expedición de un nuevo pasaporte, ya que pensaba que había extraviado el original. Cuando le otorgaron el nuevo documento, el acusado presuntamente envió un correo electrónico al notario con su nuevo numero, para evitar que la maniobra quedara al descubierto.
La fiscalía considera que de esta manera la víctima sufrió un perjuicio de 126.000 euros, que sería la mitad del valor de los dos apartamentos que poseía el matrimonio.
Los hechos, según el fiscal, son constitutivos de un delito continuado de falsedad en documento público, otro delito de estafa y un tercer delito de usurpación de estado civil, por los que solicita para el hombre una condena de nueve años y ocho meses de cárcel. Está previsto que el juicio se celebre la semana que viene en la Audiencia Provincial de Palma.
La mujer que presuntamente suplantó la identidad de la víctima no pudo ser identificada y localizada.
