Agentes de la Policía Nacional arrestaron el pasado viernes a cuatro empleados de una empresa postal, entre ellos su principal responsable en Balears, por no notificar las multas del Ayuntamiento de Palma a una veintena de ciudadanos. Los repartidores presuntamente falsificaban las firmas de los afectados para evitarse el trabajo de localizarlos, lo que les ha provocado serios perjuicios, ya que al no enterarse de que habían sido objeto de sanción, perdieron la oportunidad de pagarla con una reducción y han visto duplicados e incluso triplicados los importes. En noviembre ya fue arrestado otro mensajero de la misma empresa por estos hechos.
La investigación ha corrido a cargo de los agentes del Distrito Centro de la Policía, que al tener constancia de este posible delito puso en marcha la operación Strogoff. Los policías han investigado a una serie de repartidores de una empresa postal que estaban encargados de notifcar las sanciones impuestas por el Área de Tráfico del Ayuntamiento de Palma.
El pasado otoño ya fue detenido uno de los repartidores de la empresa, aunque en los meses siguientes la Policía ha recibido nuevas denuncias que han llevado a otros cuatro arrestos, incluida la principal responsable en Balears.
Los policías han podido demostrar un total de 23 casos en los que los repartidores presuntamente abrieron las cartas y falsearon los acuses de recibo, aunque sospechan que la cifra final podría ser muy superior, ya que puede haber más ciudadanos afectados que no se han enterado de que tienen multas pendientes de pagar
La Policía destaca que cuando desde el Ayuntamiento tuvieron sospechas de irregularidades en las notificaciones tras recibir diversas reclamaciones colaboraron con ellos para esclarecer lo ocurrido, y han adoptado nuevas medidas para evitar que estos hechos se repitan.
Por su parte, la empresa, que podría tener que asumir responsabilidades por la actuación de sus ya exempleados, se ha personado como acusación particular en la causa.
Los cinco detenidos podrían ser acusados de un delito contra la intimidad, por abrir las cartas que debían entregar, y otro de falsedad documental.
La investigación continúa abierta y no se descarta que aparezcan más afectados.
