La jueza Anna Montserrat Capdevila ha imputado a R. N. B, directora de la residencia de Tremp donde fallecieron 65 abuelos por coronavirus entre el 22 de noviembre y el 25 de diciembre del 2020, así como a M. R. N. O., responsable higiénico sanitaria del geriátrico Sant Hospital de Tremp, gestionada por la fundación eclesiástica privada Fiella. Su declaración, sin embargo, se producirá cuando la togada lo considere oportuno y "en función de las diligencias practicadas", según los autos en los que también se acuerda que se citen a una cincuentena de testigos y a los Mossos que se han encargado de la investigación. El proceso judicial se ha abierto a raíz de la denuncia presentada por la Fiscalía.
La magistrada ha incoado dos causas separadas. Una por los presuntos homicidios imprudentes y por "vejaciones injustas". En este caso, además de las declaraciones de testigos, la jueza ha requerido al Institut de Medicina Legal y Ciencias Forense (IMLCF) que les remita una serie de informes solicitados en agosto del 201 y también para que elaboren un dictamen sobre los residentes fallecidos a fin de obtener información respecto a la "positivización" del covid. En cuanto a la segundo proceso, en el que se pretende esclarecer si se ha cometido un presunto delito contra la seguridad de los trabajadores, la instructora ha pedido al IMLCF un informe de cuando se contagiaron alguna cuarentena de trabajadores del centro.
A pesar de que solo se otorga la calidad de imputados a la dirección de la residencia, la jueza aclara que debe tomarse declaración en la misma condición "a aquellas personas físicas o jurídicas que de la instrucción de la causa pudiera resultar responsables" en la comisión de los delitos investigados. No precisa más, pero abre la puerta a que en un futuro y dependiendo de las diligencias que se practiquen se amplíe el número de encausados que podrían ir a juicio.
"Gravísimas disfunciones"
La fiscalía considera que por parte de la directora de la residencia Fiella y de la responsable higiénico sanitaria "se habría incurrido en gravísimas disfunciones y déficits organizativos con decisiva influencia en el contagio de 42 trabajadores de un total de 64 y en el fallecimiento, entre el 22 de noviembre y el 25 de diciembre de 2020, de 64 de los 142 residentes". A su entender, esas disfunciones consistirían en el incumplimiento del plan de contingencia, la falta de previsión, control y supervisión de la dirección y la no asunción de las recomendaciones efectuadas por la Conselleria de Salut.
La denuncia expone que en geriátrico de Tremp anotó registros de temperaturas de usuarios ya fallecidos, a los que privó de una "asistencia médica adecuada". Y los residentes fueron expuestos a un "trato inadecuado" al no evitarse su contagio, obligándoles a permanecer con residentes enfermos. En este sentido, también investigan si realmente recibieron la atención que necesitaban, si tuvieron falta de cuidado, alimentación y limpieza pasando, incluso, "frío y sed". Asimismo, se les impidió el contacto con sus familiares en los últimos momentos de su vida, quienes "les hubieran podido procurar esa paz que necesitaban", según la acusación. En relación a los familiares, en la denuncia se explica que algunos de ellos pasaron días sin tener noticia alguna de sus allegados y que, de hecho, algunos fueron informados de que se hallaban en buen estado cuando en realidad ya había fallecido.
