Agentes de la Policía Nacional de Palma han detenido a un hombre y a una mujer, de origen argentino y brasileño, de 40 y 37 años de edad respectivamente, como presuntos autores de los delitos de amenazas y contra los derechos de los trabajadores, ya que tenían trabajando en su empresa de construcción a extranjeros en situación irregular, sin contrato y en pésimas condiciones.

Los policías fueron conocedores de los hechos el pasado 9 de diciembre, momento en el que un empresario interpuso una denuncia, manifestando que había contratado a una empresa para realizar las obras de una vivienda en construcción y se había podido percatar que los trabajadores de dicha empresa eran personas extranjeras en situación irregular que carecían de cualquier tipo de permio de residencia y trabajo.

Por tales motivos el denunciante cesó toda actividad laboral con esta empresa, pagando los servicios prestados hasta la fecha a los propios trabajadores, momento en el que comenzó a sufrir amenazas por parte de la propietaria y el encargado de dicha empresa.

En las mencionadas amenazas exigían el pago de más dinero por los trabajos realizados, amenazando a la víctima telefónicamente con ir a su domicilio con sus chicos y entrar a la fuerza en el mismo, por lo que el denunciante comenzó a temer por él y por su familia.

Por parte del Grupo I de la UCRIF de la Policía Nacional se identifica y localiza a nueve de estos trabajadores, la mayoría de nacionalidad brasileña, a quienes se les toma declaración como testigos de los hechos, manifestando que se encontraban en situación irregular en España, por lo que debido a su situación de vulnerabilidad y necesidad y con falsas promesas de legalizar su situación en España, se vieron obligados a trabajar sin contrato laboral, sin alta en la seguridad social, sin protección socio sanitaria o laboral, así como por un importe económico bastante inferior que al que se paga por dichos trabajos de construcción.

Es por tales motivos, por lo que los agentes procedieron a la detención de ambas personas como presuntos autores de un delito de amenazas y otro contra los derechos de los trabajadores.