Los abogados de los 25 acusados que no han pactado con la fiscalía en el macrojuicio por narcotráfico en Mallorca alegaron ayer ante el tribunal que los pinchazos telefónicos y los registros domiciliarios fueron ilegales. Los letrados solicitaron la nulidad de la investigación de la Guardia Civil y el juzgado de instrucción, asegurando que se vulneraron derechos fundamentales «sin indicios ni pruebas». La fiscal rebatió sus argumentos y pidió que se rechacen. Los magistrados anunciaron que resolverán estas cuestiones en la sentencia una vez se celebre el juicio. En la causa figuran otros 47 implicados: 37 de ellos ya han alcanzado acuerdos de conformidad con la fiscalía, con penas de hasta ocho años de prisión, y otros diez serán absueltos al retirarse los cargos contra ellos.

El juicio por la Operación Ludar, una gran investigación llevada a cabo por la Guardia Civil contra cuatro clanes que operaban en Son Banya, Son Gotleu, La Soledat y la Part Forana, se ha reanudado ayer en la Audiencia Provincial de Palma con las cuestiones previas planteadas por las partes. A la vista, que se prolongará durante las próximas tres semanas, solo acudieron ya los 25 acusados que no han pactado con el ministerio público. Entre ellos figuran históricos como Isidro Cortés ‘El Moreno’, hermano de ‘La Paca’, y su mujer, ‘La Rosario’, o Carlos Andújar, líder del clan de ‘Los Andújar’.

Los abogados defensores han asegurado que las intervenciones telefónicas a los sospechosos, una de las primeras diligencias de la investigación de la Guardia Civil y el juzgado de instrucción número 5 de Palma, deben ser anuladas y, por tanto, todas las pesquisas posteriores también. Según sostuvieron los letrados, los pinchazos no estaban debidamente justificados y los investigadores no aportaron indicios suficientes para que se vulnerara el derecho al secreto de las comunicaciones. Uno de los abogados afirmó que la Guardia Civil llevó el caso a un juzgado después de que otro les denegara en dos ocasiones las intervenciones telefónicas a su cliente, hecho que los agentes «ocultaron». También señalaron en sus alegaron que algunos registros domiciliarios fueron irregulares porque se llevaron a cabo sin motivos suficientes.

Estas supuestas irregularidades en la investigación conllevan, a juicio de los abogados, que toda la causa deba ser anulada y, en consecuencia, todos los acusados deben ser absueltos.

La fiscal María Dolores Rial rechazó estos planteamientos y aseguró que todas las actuaciones se ajustaron a la ley y estaban plenamente justificadas. Por ello, pidió al tribunal que desestime todas las cuestiones planteadas para los acusados.

El macrojuicio es la culminación de la Operación Ludar, llevada a cabo en 2018 por la Guardia Civil contra cuatro importantes clanes. En la redada fueron decomisados más de dos kilos de cocaína y 13 plantaciones de marihuana. El juicio se prolongará hasta principios de febrero, según el calendario previsto.