Agentes de la Policía Nacional de Palma han arrestado a dos mujeres, una colombiana de 45 años y una venezolana de 50, propietaria y encargada de dos peluquerías, por explotar laboralmente a ciudadanas extranjeras en situación irregular. Las detenidas se aprovechaban de la situación de vulnerabilidad de las empleadas para imponerles jornadas de trece horas, sin días libres y por sueldos de poco más de doscientos euros al mes. Los investigadores han encontrado al menos cuatro víctimas de estas prácticas abusivas.
Según informan fuentes policiales, la investigación se inició a partir de la denuncia de una mujer, que dijo que había estado trabajando durante varios meses sin contrato en un salón de belleza de Palma. Esta mujer, extranjera en situación irregular, se había visto obligada a realizar jornadas de trece horas, de lunes a sábado, aunque también tuvo que trabajar ocasionalmente algún domingo. En teoría tenía un descanso al mediodía para comer, pero se encontró con que muchas veces no pudo cogerlo a causa del volumen de trabajo que había en el establecimiento.
Su salario en el mes de agosto fue de 210 euros, y en varias ocasiones tuvo que pedir adelantos de quince a treinta euros para poder comer. Por su trabajo en los meses de septiembre y octubre no recibió nada.
El caso pasó a manos del Grupo I de la Unidad Contra Redes de Inmigración y Falsificación (UCRIF) que inició una investigación. Los agentes realizaron inspecciones en dos peluquerías y salones de belleza propiedad de la misma mujer, lo que permitió acreditar que llevaba tiempo empleando en sus negocios a trabajadoras extranjeras en situación irregular, a las que imponía condiciones abusivas.
Los agentes constataron la existencia de al menos cuatro trabajadoras que habrían sido explotadas laboralmente en sus establecimientos, donde trabajaban sin contrato, sometidas a largas jornadas, sin periodos de descanso, con sueldos ínfimos y sin ningún tipo de cobertura o seguro médico.
Los agentes arrestaron a la propietaria de los locales, una mujer colombiana de 45 años, y a la encargada, venezolana de 50, como presuntas autoras de un delito contra los derechos de los trabajadores. A la segunda mujer se le imputó una infracción a la ley de Extranjería, ya que estaba en situación irregular y tenía una orden de expulsión en vigor.
