Continúa la investigación en el marco de la operación Minuro-Peces. El sumario de la instrucción atribuye a los policías nacionales encarcelados, pertenecientes al grupo de estupefacientes de la Comisaría de la Policía Nacional de Mérida, más de una decena de delitos que sumarían hasta 40 años de cárcel, el máximo permitido por el Código Penal en España. Entre ellos están los de denuncia falsa, tenencia ilícita de armas, tráfico de droga, blanqueo de capitales, revelación de secretos, infidelidad en la custodia de documentos, omisión del deber de perseguir delito, falsedad documental, receptación, delitos contra el patrimonio e incluso torturas en la propia comisaría. 

Los cuatro policías de Mérida siguen en prisión y, según fuentes cercanas al caso, no todos habrían cometido los mismos delitos, siendo el inspector y el subinspector de la unidad a quienes se atribuye un mayor grado de implicación.

Los abogados de los agentes emeritenses

Sus abogados, que niegan los hechos, han recurrido para que los cuatro agentes puedan salir en libertad bajo fianza, tal y como ha ocurrido con los seis detenidos que fueron encarcelados en Torrevieja, entre ellos el guardia civil de La Garrovilla. Según ha informado Canal Extremadura, han quedado en libertad bajo depósitos de entre 6.000 y 8.000 euros

Mientras tanto, en Mérida la investigación sigue avanzando con la toma de declaraciones. Este viernes estaba prevista la de una mujer investigada en la causa que no guarda relación con los policías, pero finalmente se ha suspendido para el martes día 9 porque coincidía con un señalamiento judicial. 

El 15 de noviembre está previsto que declaren ante el juez otras siete personas en calidad de perjudicados por las actuaciones de la Brigada de Estupefacientes. Es decir, personas que habían sido investigadas por los policías. Uno de ellos, actualmente en prisión, ha denunciado ser víctima de torturas, extorsión y amenazas. 

La Brigada de Estupefacientes de Mérida, una organización criminal

Las diligencias señalan que la Brigada de Estupefacientes de Mérida formaba parte de una organización criminal desde al menos 2017, fecha en la que arranca la investigación. Asuntos Internos, que se sumó al dispositivo en enero, controlaba y vigilaba a los agentes a través de las cámaras de seguridad y sus teléfonos móviles.

Finalmente el 14 de septiembre se realizaron más de 20 entradas y registros en domicilios de Mérida y otros municipios de la provincia de Badajoz. La Guardia Civil localizó y desmanteló cuatro plantaciones de interior de marihuana con más de 3.000 plantas, gran cantidad de útiles para la instalación de las mismas (lámparas, halógenos y consolas de aires acondicionados), así como diversos vehículos. 

La operación se saldó con 25 detenidos, entre ellos cinco policías nacionales (toda la brigada de Estupefacientes de Mérida) y un guardia civil de La Garrovilla. De los cinco policías, cuatro se acogieron a su derecho a no declarar y el juez decretó prisión provisional sin fianza, siendo trasladados a la cárcel de Estremera. El quinto agente, que sí declaró, quedó en libertad con cargos en calidad de investigado.