La sección primera de la Audiencia de Palma comenzó ayer el juicio a 23 acusados de okupar al menos quince pisos vacíos en Palma, alquilarlos con contratos falsos y amenazar a los inquilinos que se retrasaban en el pago o cuestionaban la legalidad de la operación. Solo cinco de los 23 encausados aceptaron declarar en la vista, que se prevé que dure dos semanas. El resto de los acusados, entre ellos el presunto cabecilla de la organización, se negaron

Los procesados, la mayoría miembros del clan «Los Pelúos», formaban parte de una banda que, entre octubre de 2013 y mayo de 2014, presuntamente cometió delitos contra el patrimonio y la integridad moral de los arrendatarios de los pisos okupados en Son Gotleu, La Soledad, el polígono de Levante, Cala Major y s'Arenal, según recoge el escrito de acusación de la Fiscalía. La acusación pública reclama para algunos de los acusados hasta catorce años de prisión por delitos de organización criminal, usurpación de inmuebles, defraudación de fluido eléctrico y agua, coacciones y tenencia ilícita de armas.

Al inicio del juicio, la presidenta del tribunal llamó la atención a los acusados que llegaron hasta 45 minutos tarde a la Audiencia, algo que calificó de «falta de respeto», por lo que les exigió que en las próximas sesiones sean puntuales o, en caso contrario, ordenará su busca y captura.

Uno de los abogados de la defensa pidió al tribunal que también se impute a los arrendatarios que, según lo manifestado por algunos vecinos, sabían que pagaban el alquiler de viviendas okupadas. El resto de letrados se adhirieron a esta petición y el tribunal la desestimó por unanimidad.

Según el escrito de la Fiscalía, cada uno de los acusados tenía sus propias funciones en la organización. Algunos se dedicaban a localizar viviendas desocupadas, sobre todo propiedad de entidades bancarias y, violentando sus puertas, desmontaban las cerraduras de acceso y ponían en su lugar una cadena cerrada con un candado. Después, anunciaban el alquiler a precios bajos de estos inmuebles en las farolas, cibercafés, escaparates o por el boca a boca. Los acusados se atribuían la propiedad de estos inmuebles y los alquilaban a personas con recursos limitados.

Los encausados adoptaban una actitud violenta cuando el inquilino no pagaba o cuestionaba la titularidad de la vivienda o la legalidad de la operación.